País convulso y desconfiable
Ayer Antamina anunció la suspensión de sus operaciones. Aduce intranquilidad y falta de garantías y seguridad para su personal y desarrollar sus operaciones. Es más, dice que ha “apelado al diálogo y a la búsqueda de entendimiento. Hemos manifestado disposición a escuchar, atender inquietudes y contestar consultas”. Continúa: “Hemos tendido la mano en busca de acuerdos y han respondido con falsos señalamientos.”
También Antamina explica haber sido “objeto de acciones violentas y recibido veladas amenazas de generar mayor violencia; todo esto mientras se anuncian supuestas ‘alianzas’ entre malos dirigentes para seguir generando alteraciones de la paz social. No queremos esperar a que ocurran hechos que pongan en riesgo la integridad física de nadie. Ni tampoco que se registren incursiones que afecten los bienes de terceros o nuestras instalaciones”.
Todo esto luego de meses de tensión y soliviantamiento por agitadores que actúan impunemente mientras el régimen de Pedro Castilla deja hacer, deja pasar.
El fin de semana daba vueltas por el mundo una noticia nefasta para atraer inversiones mineras, la principal fuente de ingresos que irriga el sistema económico nacional, indispensable tanto para la reactivación como el crecimiento sostenido de la nación: “Al menos diez heridos y un campamento minero destruido en protestas en Perú.”
Simplemente una bomba de neutrones para las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras del Perú y el mundo. La información revela la magnitud de la crisis generalizada que ha desatado el gobierno comunista de Castillo, empernado al poder por un viciado Jurado Nacional de Elecciones JNE, cuyo presidente da muestras de colusión ideológica como el partido marxista Perú Posible que colocó en el poder a la administración Castillo, patrocinado por un fraude electorero oportunamente puesto en conocimiento del presidente del JNE, sin que éste adoptase la mas mínima medida para investigar los hechos, ni menos convocar a un proceso de auditoría internacional.
Esta noticia sacudió al sector minero internacional, que observa al Perú como uno de los principales productores de cobre y, además, tiene intereses en otras explotaciones. Según la Policía peruana los pobladores de varias provincias en Ayacucho protestaban contra las mineras Apumayo SAC y Ares SAC acusándolas de contaminar ríos y lagos de la región. Los agitadores alegan que la Policía usó armas de fuego; aunque según la PNP solamente fueron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes “que lanzaban piedras y objetos contundentes para conseguir su objetivo”.
En perspectiva la situación minera nacional está llegando a cotas de inseguridad como en tiempo de sendero luminoso. Las Bambas, mayor mina cuprífera del Perú, hoy está paralizda dentro de otros 170 conflictos sociales, dizque por temas medioambientales. El costo socioeconómico para el Perú es estratosférico. Perdimos la oportunidad de aprovechar gran parte del precio récord del cobre negociado durante este año. Pero, fuera del nefasto efecto social, financiero y tributario, hoy el Perú ha vuelto a ser visto como país de alto riesgo para el inversionista. No sólo por la inseguridad minera, sino por la coyuntura general. Así lo manifiestan las principales clasificadoras de riesgo. ¡Vacancia ya, señores congresistas!
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