¡País de descastados!
El Fiscal de la Nación Pablo Sánchez tiene dos problemas por resolver. El primero es concluir la investigación que ha dispuesto contra al mandatario Castillo, por grandes evidencias de corrupción. El segundo es dar cuenta del escándalo que implica seguir escondiendo, más tiempo, el infamante pacto secreto suscrito por el Ministerio Público con la corruptora Odebrecht. Hagamos un ejercicio de historia. La primera sospecha de colusión sobre el pacto secreto suscrito entre la Fiscalía de la Nación y Odebrecht, a través de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, fue obviamente el secretismo que ambos le impusieron. Al extremo de propiciar un gran escándalo, obligando a que el entonces miserable mandatario Vizcarra dejase abandonada una visita oficial al Brasil y retorne al Perú, a efectos de despedir de manera prepotente al entonces Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
El pacto en cuestión resguardaría un presunto acuerdo de colaboración eficaz de parte de los principalísimos ejecutivos de Odebrecht, para que brinden información sobre sus cómplices peruanos y revelen el modus operandi de sus actos criminales en el Perú. No obstante, a decir verdad, ese pacto infame sólo ha servido para que el Estado peruano beneficie a Odebrecht. No sólo haciéndole pagos sospechosos, sino que incluso habría sugerido que se le autorice a seguir “trabajando” en el Perú. En simultáneo, ese pacto infame no precisa la manera en la que el Estado cobrará a Odebrecht unos US$ 10,000 millones de posibles perjuicios económicos –y probablemente otro tanto en daños morales y reputacionales– que Odebrecht le habría causado al Perú. El siguiente indicio de contubernio, entre la Fiscalía de la Nación y Odebrecht, es el pago que efectuase el Estado por S/ 524 millones a favor de la constructora de marras, sin antes cautelar el adeudo de S/610 millones que había pactado Odebrecht con el Perú por concepto “indeminizatorio” (importe cancelable en 15 interminables años, además, casi seguro que sin intereses); ni tampoco solventar, también previamente, la deuda que Odebrecht aún mantiene pendiente con Cofide por aproximadamente S/500 millones. Por si semejante evidencia de colusión fuese poca, el pacto secreto de Domingo Pérez y Rafael Vela Barba concedió tales prebendas a la brasileña, permitendo que esta, a la vez, mantenga firmes sus demandas y embargos contra el Estado peruano.
Hasta aquí, el prontuario de delitos que encubriría el tantas veces mencionado pacto secreto, suscrito entre la Fiscalía de la Nación y Odebrecht, exige una inmediata aclaración de los dos fiscales que pactaron con la constructora. Sin embargo estos no sólo han callado en todos este tiempo, sino que arremetieron, de manera abusiva, contra quienes se “atrevieron” a cuestionar su infame pacto secreto. Otra prueba del gato encerrado que el fiscal Sánchez no debería seguir escondiendo.
Apostilla. El juez supremo César San Martín, tan bien ponderado por el comunismo, acaba de ponerle la cereza sobre la crema al pastel podrido cocinado por la Fiscalía, llamado acuerdo de colaboración eficaz, permitiéndole a Odebrecht seguir trabajando en el Perú como si nada hubiese ocurrido. ¿Somos o no un país de descastados?
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