A palos, NO
Después de dos meses de inactividad –toque de queda y confinamiento de por medio– era previsible que los 300 mil ambulantes de Lima salieran a las calles a conseguir dinero para comprar alimentos o medicinas a sus familias. Esa legión de comerciantes informales, además, debe haberse incrementado significativamente con el millón 216 mil ciudadanos que, según el INEI, perdieron sus empleos en Lima Metropolitana, entre febrero y abril.
Por ello resulta inexplicable que el gobierno no previera el desesperado retorno de los ambulantes, primero al emporio de Gamarra y después en la avenida Grau y calles aledañas.
Estoy absolutamente seguro que si no estuviera en el premierato el actual titular, Vicente Zevallos, sino personalidades de la talla de Ántero Flores-Aráoz, Carlos Neuhaus o Hernando de Soto, éstos hubieran preparado un detallado plan de reubicación en terrenos estatales, estadios o espacios públicos, como está haciendo el alcalde de San Juan de Lurigancho. O, más aún, si al frente del estratégico Ministerio de Salud no se encontrara el controvertido doctor Víctor Zamora, sino médicos altamente calificados del nivel de Pilar Mazzetti, Eduardo Gotuzzo, Ernesto Bustamante o Abel Salinas, la respuesta ante la pandemia sería eficiente, bien programada en protocolos y adquisiciones, con el adicional que las cifras de fallecidos o infectados serían las reales.
Sin embargo, la respuesta gubernamental –Ministerio del Interior y algunas municipalidades– ha sido desalojar a los ambulantes con tanquetas, centenares de policías, incluyendo la unidad de caballería, y batallones de serenos. Las cámaras de los canales de televisión registraron patéticas escenas de personas muy humildes, corriendo aterrorizadas, temerosas, implorando a las autoridades que no confisquen sus productos, que debe representarles un ingreso entre 20 y 25 soles al día, dinero indispensable para sobrevivir, comprar comida, medicinas o pagar servicios básicos. Mas aún, en algunos casos deplorables hemos visto retirar a palos y golpes a quienes resistían la requisa, como si se trata de delincuentes.
Lo que no hemos visto, empero, es un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, de las ONG vinculadas a los derechos humanos o de parlamentarios que ayer dieron su voto de confianza al actual gabinete; tampoco conocemos de alternativas viables para solucionar el problema del comercio ambulatorio, como tantas veces ha reclamado el economista De Soto.
La situación que vivimos es muy grave. Y empeorará con un mayor número de muertes, desempleo y pobreza, desbordes sociales e incremento de la delincuencia, como consecuencia del cierre total o parcial de empresas. Hoy el INEI registra 6 millones 400 mil pobres, 7 a 8 millones sin acceso al agua potables y un 47.5% que no tiene refrigeradora, que explica por qué salen diariamente a los mercados y, al hacerlo, quedan expuestos a los contagios.
Es hora de un golpe de timón. No de medidas autoritarias y represivas, que aplauden entusiasmados quienes creen en el garrote y no en la tolerancia constructiva. Que el presidente Martín Vizcarra comprenda que sólo a través de la unidad y la concertación saldremos adelantes. Que hay que sumar, no dividir. Que debe convocar a los mejores, independientemente de sus ideas. En una guerra contra un virus mortal, que se lleva muchas vidas –entre ellas las de 323 policías y 16 médicos– una parte de peruanos no debe ser enemiga ni marginar a la otra parte. Una política de alto nivel podría significar cambios fundamentales en el país.
