¿Para cuándo la prisión preventiva del torturador de niños del centro terapéutico?

Si no fuera porque la legislación considera que el delito de tortura solo se configura en los casos en que la víctima esté privada de su libertad y de que el agente (perpetrador) sea un funcionario o servidor público o alguien que actúe bajo su consentimiento, lo sucedido en el Centro Terapéutico Especializado para Niños (CETDIN), en Comas, calificaría como tortura, porque así lo acreditan desgarradores videos registrados por su propio personal en fecha reciente. Estas imágenes dan cuenta del trato cruel e inhumano hacia niños con habilidades diferentes por parte del director del centro, sujeto que responde al nombre de Roger Dante Baltazar Rodríguez. Las imágenes muestran escenas que van desde arrinconar a los niños, atándolos a las mesas con cinta de embalaje, hasta rellenar sus bocas de papel, para enmudecerlos, cual película de terror.
Pareciera que estamos ante un fallido sistema de justicia que no mide con la misma diligencia y oportunidad todos los casos en los que se infringe la ley. Basta ver las noticias para notar cómo, ante otras situaciones de presuntas conductas criminales, se actúa “a la voz de aura”, con detenciones preliminares, esposas de por medio y posteriores prisiones preventivas, allanamientos de viviendas, registros e incautaciones de bienes, etc., todo bastante efectista, sin que con esta opinión pretenda deslegitimarlas. Pero, ¿qué sucede si las víctimas no están en la capacidad de alzar su voz, de reclamar, de pedir auxilio, siquiera de quejarse, como en el caso abordado, donde los agraviados son pluralmente vulnerables por su condición de niños (de 3 a 6 años), por presentar habilidades diferentes, entre las que se incluye el TEA (trastorno del espectro autista), y, asimismo, vulnerables por la relación de dependencia paciente-terapeuta?
¿Es que situaciones de crueldad y trato humillante, de delitos de lesiones dolosas graves contra seres inocentes que no están en posibilidad de contar a los demás de su martirio, deben ponerse a la cola de la carga procesal de jueces y fiscales? ¿Acaso el maniatar y amordazar a un niño con habilidades diferentes por parte de su terapeuta no debería ameritar, desde ya, una solicitud de prisión preventiva contra el agresor y los cómplices que hubiera? Es altamente condenable que un torturador de niños menores de 6 años con habilidades diferentes, cuya situación ha obligado la intervención del ente rector CONADIS y el Ministerio de la Mujer en su auxilio, esté suelto en plaza, en libertad, haciendo quién sabe qué y con la posibilidad de darse a la fuga.
Y ojo, el Centro Terapéutico no es el único responsable de estos execrables crímenes; también tienen responsabilidad las entidades que no cumplieron su rol de fiscalización según sus competencias, como la Municipalidad de Comas y el Ministerio de Salud, que no constataron, por ejemplo, que el cuestionado establecimiento tenía la licencia de Defensa Civil vencida, hecho gravísimo, y que el director ejercía una actividad de salud sin contar con título profesional. Este es el mismo que aparece en las imágenes, tratando con crueldad a los niños.
¿Dónde están aquellos congresistas que se llenan la boca de defender a los niños y a las familias? Señora Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza, quiero confiar en que su gestión representará y defenderá a esta población pluralmente vulnerable.

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