¿Para eso son administradores de jus…?

Hay informaciones periodísticas que sorprenden y asustan. En carátula, Expreso informó de la “Sangre en las calles”… “la delincuencia sigue ganando terreno… La cifra de homicidios (asesinatos) sube… el 2023 hubo 1,509, el 2024 hubo 2,069, y a julio del 2025 ya hay 1,193”. “Lima, Callao y La Libertad lideran… el terror” (sic).
Informativos radiales, televisivos y periódicos frecuentemente revelan que la Policía Nacional ha capturado delincuentes y, con los respectivos atestados policiales, han sido puestos a disposición de los fiscales para que formulen la denuncia ante el juez en lo penal. Pero la misma P.N. expone públicamente que “dichos delincuentes” han vuelto a ser capturados por nuevos delitos. ¿Quién les dio libertad? ¿El fiscal o el juez en lo penal? ¡Ante ello, en la población cunde el temor! Pero no hay medios que, en la administración de justicia, comprendan el temor ante el constante incremento delincuencial. Probablemente es porque consideran que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen el “principio de unidad, exclusividad e independencia” en su función (incisos 1 y 2 del artículo 139° y el 159° de la vigente Constitución).
¡Ha explotado un insólito escándalo! Se informa que el “PJ e INPE se tiran la pelota por la liberación de Jhon Pulpo – Jhon Cruz Arce – ranqueado asesino y cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, condenado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado, ha sido liberado al haber cumplido solo 17 años de su condena”. Estaba en la cárcel de Chalapalca.
También se ha informado que “… el INPE señala que la liberación se ejecutó tras una orden de la Corte Superior de Justicia de Tacna”. El PJ respondió “que la Sala Penal de Apelaciones no ordenó la liberación del delincuente, sino que correspondía al INPE realizar el cómputo para acceder a los beneficios penitenciarios…” (sic).
Ante el hecho de que se haya puesto en libertad a quien es asesino sin que cumpla su condena, evidencia que los servidores públicos en el INPE y/o el PJ no consideran: primero, que un homicida calificado cumpla la totalidad de su condena; segundo, que ese delincuente –cabecilla de una organización criminal– goza de beneficios penitenciarios; tercero, que ni siquiera tienen compasión con la población que es agraviada por la delincuencia, que hasta incluso asesina a mujeres, ancianos y niños.
La población se pregunta: ¿Merecen confianza quienes administran justicia o deben custodiar a los criminales encarcelados?

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