Para prevenir el autoritarismo

Del comportamiento del estado ruso, respecto del opositor Alexei Navalny, y del estado venezolano, sobre la candidata opositora María Corina Machado, se desprende la urgencia de los regímenes autoritarios de preservar su dominio sobre los procesos de decisión, aun a riesgo de revelar su carácter delincuencial, asesinando o eliminando la candidatura de la principal opositora. Pero la actuación brutal de un dictador necesita aparentar cierta legitimidad, en especial al interior de su comunidad política; para ello, siempre es útil apelar al populismo nacionalista y erigirse como el único y verdadero intérprete de las necesidades del colectivo ciudadano, esto es, denostar la existencia natural de intereses contradictorios entre los diferentes grupos sociales y solo reconocer la existencia de un interés nacional, el mismo que solo puede ser definido y defendido por el iluminado autócrata. Por eso afirmamos que, a mayor concentración del poder, menos espacio para el ejercicio de la política, actividad que supone el reconocimiento y tolerancia de tendencias e intereses distintos, lo que supone la necesidad de dialogar, negociar y concertar.

Así, resulta fácil identificar a quienes promueven la instauración de un régimen antidemocrático, pues tratarán de desprestigiar a quienes ejercen la política para continuar luego, invalidando a la política misma, alegando su inutilidad por no identificar y defender el “interés del pueblo”, el que solo ellos pueden definir. El problema es que, ya en nuestro siglo, las técnicas de seducción de los autoritarios suelen ser sutiles y elaboradas, pueden responder a necesidades reales de algunos sectores de la población, aunque terminen instrumentalizándolas para sus propósitos ideológicos, descalificando además a quienes advierten la manipulación. Así como las grandes corporaciones detestan la libre competencia en la economía, los aspirantes a dictador odian la libre competencia en la política.
El antídoto al autoritarismo es fortalecer el sistema de partidos, permitiendo la libre concurrencia y participación de organizaciones estables y programáticas, en lugar de promover movimientos temporales y cacicazgos populistas. Partidos nacionales y no movimientos regionales. Financiamiento libre pero transparente, para poder fiscalizar el compromiso del vencedor y la legalidad de su agradecimiento posterior. Democracia interna conforme a los estatutos del partido, para preservar la meritocracia y evitar entregar las decisiones más importantes a afiliados sin militancia o simpatizantes con dinero. Disciplina en el trabajo de los grupos parlamentarios para garantizar el respeto a la estrategia común, desincentivando el negociado de los tránsfugas. Reglas electorales claras y simples para garantizar procesos electorales transparentes, en donde no se elimine candidaturas por nimiedades formales, mientras se permite planchas presidenciales incompletas o la postulación de agrupaciones vinculadas con terroristas y asesinos condenados.

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