Paralizados

La mejor síntesis del “plan Boluarte” que he leído es la de Mario Ghibellini: “No muevas un dedo y procura quedarte”, (El Comercio 2/9/23).

Como es obvio, el gobierno no tiene ningún plan para luchar contra la delincuencia. En realidad, no tiene ninguna estrategia que merezca el nombre de tal, para ninguno de los problemas del país. Ni para enfrentar al posible fenómeno de El Niño, ni para reactivar la economía, ni para combatir la corrupción, por mencionar algunos de los temas más relevantes.

Su único propósito claro hasta ahora es durar, permanecer en el poder todo el tiempo que puedan.

El asunto es que si bien los gobernantes están paralizados, los delincuentes no lo están. Las hectáreas sembradas de coca siguen aumentando, las pozas de maceración y los laboratorios de fabricación de cocaína crecen y su producción se eleva; la minería ilegal no cesa de prosperar, amenazando a las empresas legales; las bandas que los ilegales crean y financian cada vez están mejor armadas y son más numerosas; los extorsionadores expanden su actividad sin cesar y cada vez son más los negocios y personas que tienen que pagar cupos, so riesgo de ser asesinados por sicarios, cuyo cantidad también se multiplica, dada la facilidad e impunidad con la que actúan; y así hasta el infinito.

Es decir, mientras el gobierno duerme la delincuencia no cesa de avanzar. Por tanto, cada vez será más numerosa, fuerte y extendida y las medidas necesarias para erradicarla tendrán que ser más drásticas.

Un ejemplo del costo de decisiones demoradas es lo que ocurrió con el terrorismo. Si Abimael Guzmán y sus secuaces hubieran sido aniquilados apenas empezaron su actividad criminal, en 1980-81, no habría habido decenas de miles de víctimas, una enorme destrucción de la riqueza nacional y millones de peruanos no hubieran sufrido las consecuencias nefastas de las décadas de terror y sus secuelas.

En ese momento se trató de enfrentar al terrorismo con medidas normales de la muy débil institucionalidad democrática que se acababa de restablecer, sin entender que una situación excepcional –por lo menos en un país como el Perú- requiere medidas excepcionales.

Se toleró el desempeño de jueces y fiscales amedrentados o corruptos, el control de las cárceles en manos de los terroristas, un Congreso que trababa y entorpecía la acción de las fuerzas del orden y una mayoría de la población aturdida que no sabía a qué atenerse.

Y después, cuando se tomaron medidas brutales, el pueblo, aliviado, las respaldó masivamente, para luego desentenderse de las consecuencias que tuvieron que asumir los responsables de esas acciones.

En suma, en el improbable caso que esta situación dure hasta julio de 2026, las decisiones que habría que tomar en ese momento para acabar con la delincuencia, serían muchísimo más drásticas y traumáticas que las ya enérgicas y duras de las que hay que decidir ahora.

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