Pataz y la imagen internacional del Perú

Todos hablan acerca del impacto que nos ha dejado el asesinato de 13 mineros en Pataz y eso es compresible: sin embargo, lo que debemos es precisar, exactamente, cómo debería calificarse el horrendo episodio en esa parte del norte del Perú. Lo primero que debemos afirmar, entonces, es que, el suceso funesto en Pataz, ciudad de la sierra de la Región La Libertad, al norte de Lima, no es un conflicto social. No tiene ni por asomo esta calificación. No debe ser comparado con los denominados baguazo, moqueguazo o andahualazo, cada uno distinto del otro, por supuesto. Nadie se levantó en señal de protesta o rechazo al sistema político o económico. Nadie ha expresado su hartazgo respecto de la ausencia del Estado peruano que data desde los propios tiempos en que nos hicimos Estado independiente en 1821 y con el formato de vida en Pataz difícilmente lo harían. Tampoco es un cuadro típico de convulsión social. La violencia que hemos visto alrededor de la muerte de los referidos mineros en Pataz no es la consecuencia de una fractura política interna en el país, que por cierto la contamos desde el propio instante en que el Perú se desprendió de España al inicio del siglo XIX. Con lo anterior será bueno enfatizar que mucho menos es un caso de conflicto armado interno. En realidad, esto último es lo menos que pudiera ser. El suceso de Pataz sola y únicamente debe calificarse de un asunto de criminalidad y su campo de tratamiento es el puro marco punitivo. Pataz no es en esencia un caso de minería informal o artesanal sino, en cambio, de minería ilegal, y será bueno, no perder de vista esta diferencia y realidad con la objetividad que ello demanda. El Estado peruano –ni siquiera me refiero al gobierno de turno, que es circunstancial o coyuntural, como mandan las reglas de la democracia–, tiene la obligación de ejercer su función coercitiva y coactiva porque está llamado a conseguir un verdadero control social donde la situación parece irse de las manos. Por eso, aunque está totalmente manoseado declarar el establecimiento de estado de emergencia en diversos lugares del país por el impero de la inseguridad y la violencia estructural, haber declarado el estado de emergencia en Pataz, era lo que correspondía de conformidad con la Constitución Política y la propia realidad. El caso de Pataz debe ser investigado en profundidad criminalística, pero también el Estado peruano debería llevar adelante un conjunto de medidas para evitar que vuelvan a producirse hechos tan magros como los que acabaron con la vida de 13 personas. Miremos así este asunto para decidir una estrategia hacia afuera en la idea de efectuar un control de daños, inevitable y de sentida afectación a la imagen del Perú en el mundo.

(*) Excanciller del Perú e Internacionalista

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