Patricia Benavides, fiscal de la Nación
Una cosa es con guitarra y otra con cajón, una cosa es estar fuera del despacho de la Fiscalía de la Nación y otra liderar desde su más elevada magistratura a una entidad fundamental de la legalidad como es el Ministerio Público. Formulamos votos porque la doctora Liz Patricia Benavides Vargas tenga una gestión a la altura de la reconstrucción de una institución venida a menos por las gestiones de Sánchez y Ávalos, que permitieron que la politización e ideologización caviar se enseñoreen en la Fiscalía.
Esas taras tienen que terminar y la magistrada Benavides Vargas pasará a la historia del derecho peruano como la fiscal de la Nación que reorganizó una institución clave en el servicio al ciudadano y al Estado. En primer término, urge desarticular las argollas dentro del Ministerio Público donde se cruzan intereses particulares de algunos fiscales frente a puntuales casos. En segundo lugar, se debe elevar el nivel de los fiscales, pues muchos de ellos hacen abuso del poder que les otorga el Estado, actuando con subjetivismo, mala fe y venganza.
Esas no son buenas cualidades para un funcionario que se debe a la Constitución, al respeto de los derechos humanos y la ética en la función pública. En tercer lugar, urge que los órganos de control interno supervisen qué pasa en los distritos más alejados del país, donde la pobreza jurídica y moral de algunos fiscales se convierte en instrumento de persecución para inocentes. Basta mencionar dos casos, uno en Huacaybamba (Huánuco) donde está demostrada la arbitrariedad contra el destacado profesor de educación primaria Wilke Ferreol Rodríguez Espinoza y encima el pedido de coima que le hiciera un mal fiscal, sobre el cual en la Fiscalía Superior de Familia de Áncash (Carpeta N° 52-2022) se le estaría “salvando” con absoluta impunidad mediante un mal cómputo de la prescripción.
El segundo caso es de San Pablo, Jazán y Jumbilla (Amazonas), donde intereses particulares y familiares entre autoridades y personas del lugar generaron una persecución contra el campesino Román Pérez Mendoza, dejando en una situación vulnerable a su esposa e hijo de siete años de edad, familia que por ser honrada vive en situación de extrema pobreza. Esto es solo la punta del iceberg, señora fiscal de la Nación, y si logra acercar más el Ministerio Público a los pobladores humildes de las zonas más alejadas del país, su éxito será el triunfo de la justicia.
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