Peligros por todos lados

Nos encontramos en un nivel de confrontación que está llegando a niveles de una guerra política sin cuartel que, para tranquilidad general, todavía se desarrolla dentro de los marcos constitucionales y legales sin que nadie nos garantice que la violencia no esté caminando soterrada por allí.
La gran paradoja es que la polarización de fuerzas sociales en el país no ha sido provocada, en esencia, por las agrupaciones políticas que se disputan el poder político luego de la segunda vuelta, sino de los constantes desatinos cometidos por las autoridades electorales y, fundamentalmente, por la desconfianza generada al aparecer indicadores muy consistentes sobre una posible parcialización de los que integran los entes electorales a favor de determinada candidatura, inclusive con atisbos de corrupción que están destrozando la legitimidad de todo el proceso eleccionario.
Si este es el escenario que puede llevar al país al desorden general, van apareciendo más datos sobre los antecedentes de los funcionarios electorales y sus familias enquistadas en puestos claves luego del trabajo político que realizó el expresidente Vizcarra, quien realmente no gobernó, sino que se convirtió en un exclusivo actor político para destrozar la institucionalidad estatal e infiltrarla con activistas de agrupaciones con los colores políticos afines a aquél.
Los antecedentes profesionales e ideológicos del presidente del JNE generan desconfianza. La sospechosa actitud del representante de las universidades particulares, quien no tuvo mejor idea que organizar en su domicilio un banquete para los observadores de la OEA con licor incluido y violando todas las reglas de seguridad anticovid, de modo que la declaración de los cuchipanderos declarando que el proceso electoral en el Perú se ha desarrollado con normalidad y excelencia ya no se lo cree nadie. La declinatoria irrevocable del representante de la Fiscalía aduciendo favorecimientos indebidos por parte de los otros integrantes del JNE pone en tela de juicio la validez de todos los actos de decisión del respectivo colegiado y, finalmente, con la propalación de un audio, presuntamente de una conversación entre Montesinos y dos interlocutores, evaluando el pago de un millón de dólares a tres miembros del JNE, de ser verdad no solo el diálogo sino el pago, terminaría por hacer estallar ya no solo la credibilidad sino la validez de todo el proceso electoral.
Pero tenemos más. Existe la denuncia no aclarada de que la candidata a la primera vicepresidencia de Perú Libre era funcionario del Reniec y, por ende, no podía participar en este proceso electoral, además de no haber renunciado al cargo con seis meses de antelación. También la designación del jefe de la ONPE proviene de la Junta Nacional de Justicia en la cual la principal asesora de la presidencia de dicha entidad sería la hermana de la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre.

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