¿Pena de muerte o distractivo?

Reinstaurar la pena de muerte en el Perú es un imposible jurídico y constitucional, ya que el Estado ratificó en julio de 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que lo impide. Este tratado prohíbe extender la pena de muerte a delitos no contemplados previamente y restringe a los Estados la interpretación de la Convención para limitar libertades.
Cuando el Perú ratificó el tratado, la pena de muerte estaba vigente para delitos como traición a la patria en caso de guerra exterior y homicidio calificado. Sin embargo, la Constitución de 1979 la redujo únicamente a casos de traición a la patria. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención establece un proceso irreversible que prohíbe restablecer la pena de muerte para delitos donde ya no es aplicable.
El gobierno de Dina Boluarte parece querer usar este tema para ganar respaldo popular, aunque es una estrategia absurda e inviable. El artículo 78 del Pacto de San José permite denunciar el tratado con un preaviso de un año, pero el proceso de reforma requeriría años adicionales. Sería necesario modificar el artículo 140 de la Constitución en dos legislaturas ordinarias, además del Código Penal y el Código Procesal.
Retirarse de la Convención implicaría desvincularse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es gravísimo, ya que el Perú es uno de los países con más condenas por violación de derechos humanos, y los ciudadanos perderían la posibilidad de recurrir a este tribunal internacional. Este escenario limitaría gravemente la protección de los derechos fundamentales, dejando a los ciudadanos sin una instancia adicional cuando el sistema judicial interno falle.
El trasfondo de esta propuesta refleja un tinte populista y chabacano, cuyo único fin sería satisfacer demandas populares sin considerar las consecuencias. Además, el gobierno parece estar sumido en el desconcierto, como se evidencia en las declaraciones de ministros que desconocen nociones básicas de jurisprudencia.
En síntesis, la reinstauración de la pena de muerte es un distractivo más del gobierno de Boluarte. La idea, además de ser inviable, plantea riesgos severos para la defensa de los derechos humanos y para la reputación internacional del Perú. Es un tema utilizado como maniobra política, sin un análisis serio sobre sus implicancias jurídicas y sociales.

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