Penas más duras para el sicariato

El Congreso aprobó esta semana una reforma contra el sicariato, elevando las penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados. Era, en parte, lo que la ciudadanía reclamaba frente a la ola creciente de delincuencia organizada que tiene en zozobra a la población.
La medida fue aprobada por unanimidad con 106 votos. Contempla sanciones más duras para quienes ordenen crímenes, incluso desde las cárceles, y castiga con mayor severidad a autores, intermediarios y reclutadores de adolescentes. Ahora falta que el Ejecutivo promulgue la ley.
La reforma modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal (Decreto Legislativo 635) y busca endurecer las penas para fortalecer la lucha contra el sicariato. La nueva redacción establece: “El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta años”.
Las mismas penas se impondrán a quien ordena, encarga o actúa como intermediario. Además, se establece la cadena perpetua si se emplea a un menor de edad o a un inimputable para cometer el crimen. Muchos de estos delincuentes no tienen reparo en utilizar menores para sus fechorías.
“El sicariato es uno de los delitos más graves y con mayor crecimiento en el país. Según datos de la Policía Nacional y el INEI, los homicidios ligados al sicariato han aumentado dramáticamente, con un promedio de tres asesinatos por encargo diarios en 2024”, indicó el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, al sustentar la propuesta.
Atravesamos una situación sumamente grave en cuanto a inseguridad ciudadana. Esto se agravó con el ingreso masivo, desde hace una década, de delincuentes extranjeros, principalmente venezolanos. Según la PNP, los homicidios este año ya superan las 1,200 víctimas, y Lima concentra casi la mitad de los casos. Además, ocho de cada nueve detenidos por sicariato son menores de edad.
El Congreso ha hecho bien en atender el problema, aunque es válido preguntarse si endurecer penas será suficiente si no se abordan también las carencias institucionales de quienes deben combatir estos delitos.
En paralelo, el ministro del Interior, Carlos Malaver, fue interpelado en el Congreso para responder un pliego de 22 preguntas sobre la seguridad ciudadana. Durante el debate, recibió duras críticas y algunos respaldos. La congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) lo calificó como un funcionario “sin rumbo, sin plan y sin coraje”, y denunció la ausencia de una estrategia de seguridad, el abandono de comisarías y la compra de vehículos de lujo por más de 17 millones de soles.
Diego Bazán, de la misma bancada, alertó sobre el ingreso sin control de dinamita en La Libertad. Francis Paredes (Perú Posible) reclamó falta de policías en Ucayali y exigió una escuela de oficiales en la zona. Alfredo Azurín (Somos Perú) pidió darle una oportunidad al ministro, mientras Elvis Vergara (Acción Popular) exigió una reingeniería total del sector.
Ojalá esta “pandemia criminal” se extinga de una vez y para siempre.

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