¿Periodismo de investigación o manipulación de la justicia?
Probablemente, George Soros continúe siendo el principal financista de las causas progresistas, de las ONG y de unas campañas presuntamente “pro democracia” que, en nuestro país, lidera la gente identificada con el extremismo sudaca. Por cierto, Soros mantiene a todo un regimiento de ONG alrededor del planeta a través de Open Society Foundations, un enjambre de entidades “sin fines de lucro”, aunque con evidentes objetivos de influencia política y social.
En paralelo, Alexander Soros, hijo suyo, ha asumido un papel bastante activo en la política estadounidense, identificándose con la oposición al presidente Trump y respaldando aquello que la gauche caviar llama “la protesta pacífica”. Aunque, en la práctica, esto equivale exactamente a lo mismo que nos tienen acostumbrados los caviares. La batalla que libra Soros junior es contra todo enemigo de la izquierda. Su objetivo es seguir consolidándose camino al socialismo, ahora bajo un nuevo proyecto bautizado como “la amenaza globalista”. Eslogan que hoy se incorpora a la tradicional verborrea caviar de “la lucha contra la desigualdad socioeconómica”, o “el papel de las élites financieras”, o acaso “la deportación de inmigrantes ilegales” y cuanta prédica encaje con esas características burbujas energizantes de las izquierdas.
El anuncio del presidente Donald Trump —de procesar a George y Alexander Soros, acusándolos bajo la implacable ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, traducido al español como Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión)— ha generado una fuerte reacción política y mediática en Estados Unidos. En efecto, Trump demanda que George Soros y su hijo Alexander sean encausados bajo esta norma ideada para perseguir a organizaciones criminales, a quienes se les acusa de financiar protestas violentas en ciudades estadounidenses, especialmente las que se oponen a las políticas migratorias del Partido Republicano. Trump ha calificado a aquellos revoltosos como “lunáticos que permanecen destrozando Estados Unidos” y ha denunciado que son una amenaza para la libertad y el orden nacional.
Al respecto, Open Society respondió calificando las acusaciones trumpistas de “falsas e indignantes”, a la vez que expresó todo su respaldo a aquella protesta como parte saludable de la democracia.
Finalmente, tenemos el caso de Open Society Foundations (OSF), una red global de fundaciones creada para promover derechos humanos, justicia, transparencia y democracia. Al respecto, George Soros ha financiado sendas organizaciones de la llamada “sociedad civil” peruana. Entre ellas aparece IDL, del inefable Gustavo Gorriti, a quien en alguna ocasión le donó US$ 190,000. La pregunta es, ¿en manos de quién acabó este dinero? Porque, igualmente, IDL ha organizado más de un programa de capacitaciones para jueces, fiscales y operadores jurídicos sobre aspectos como derechos humanos, lucha contra la corrupción y libertad de prensa.
Todo aquello produjo tanto influencia ideológica como cercanía personal entre el “periodista de investigación” Gorriti y los mencionados fiscales —José Pérez y Rafael Vela— quienes, como es evidente, al haber firmado un cuestionado y vil pacto secreto con Odebrecht, mostraron una sospechosa inconducta, como revela el contenido de ese documento, afortunadamente develado por el periodista Phillip Butters.
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