¿Persecución judicial contra los congresistas?

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional por el presunto delito de negociación incompatible contra 11 parlamentarios por haber aprobado una ley que supuestamente benefició a 5 congresistas con una doble percepción económica; es decir, con el sueldo que les corresponde como integrantes del Legislativo y su pensión como efectivos en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Sin embargo, lo único que ha hecho la norma es ratificar que una pensión es diferente a una remuneración del Estado y que, por lo tanto, no se le puede quitar el derecho a José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín de recibir tanto su pensión como exoficiales y el sueldo como legisladores.
Según el artículo 40 de la Carta Magna, “ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo remunerado, con excepción de uno más por función docente”. El texto es clarísimo: lo que está prohibido es que una persona reciba dos sueldos del Estado. Por ejemplo, un congresista que asuma como ministro no podría recibir ambas remuneraciones.
Una remuneración, no obstante, es diferente de una pensión, que es producto de un fondo que los pensionistas han ido llenando con sus aportes a lo largo de varios años.
De acuerdo al Ministerio Público (MP), ¿un jubilado que llegue al Parlamento tendría que dejar de percibir su pensión de la ONP? Es algo totalmente absurdo.
Para el abogado Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), el MP ha patinado por desconocimiento en este caso, ya que existe una sentencia del TC que genera jurisprudencia y “distingue claramente los conceptos de pensión y remuneración”.
Este desliz no parece, pese a la buena fe de García Toma, una mera “patinada”, sino un nuevo intento de judicializar la política. ¿Acaso la Fiscalía no ha sacado diferentes comunicados asegurando que las leyes aprobadas por el Congreso favorecen a la criminalidad organizada, a pesar de que este fenómeno no ha aparecido de la noche a la mañana? ¿No es verdad también que la Fiscalía libera, con total cuajo, a miembros de bandas delincuenciales, perjudicando así la labor de la Policía Nacional? ¿Quién favorece, entonces, la lucha contra la inseguridad ciudadana?
Lo que hay aquí es una pugna de poderes que no acabará nada bien, pues la congresista Patricia Juárez ya anunció que presentará una denuncia constitucional contra la fiscal Delia Espinoza por este abuso.
No quería terminar esta columna sin advertir que no es para nada casualidad que haya aparecido esta nota periodística en el diario izquierdista español El País en contra del cardenal Juan Luis Cipriani, acerca de que habría abusado de no se sabe quién en el año 1983, en medio de los fuertes cuestionamientos hacia el cardenal Carlos Castillo, que, como todo caviar, se sumó a la corriente woke y tuvo el descaro de justificar el ataque cobarde a la Virgen María con este bodrio de obra teatral llamado ‘María Maricón’. Cipriani, por cierto, ya aclaró que el papa Francisco le permitió continuar con sus tareas pastorales, con lo que se evidencia que esta imputación fue puro ruido y pocas nueces.

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