Persecución y vacancia
Cerca al primer aniversario de la vacancia de Martín Vizcarra determinada por el Congreso y de los terribles acontecimientos que le sucedieron, la fiscal de la Nación ha tomado la desafortunada iniciativa de encaminar una investigación preliminar contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (presidente, premier y ministro del Interior del gobierno transitorio, respectivamente), haciéndolos responsables de las muertes ocurridas en las algaradas.
El facilismo, las presiones oenegeras y mediáticas explican este procedimiento, pero de ninguna manera la razón ni la ley. Suponer que las máximas autoridades de ese gobierno premeditaron y ordenaron ejecutar acciones de recuperación del orden público al costo de la vida de sus compatriotas, requiere un mínimo de evidencia. Más aún cuando las protestas fueron llevadas al límite del vandalismo y la probada agresión criminal contra la policía, bajo el aliento movilizador del periodismo activista que exacerbó los ánimos de una ciudadanía aplastada por la crisis sanitaria y económica, en búsqueda de un detonante épico.
La investigación dispuesta por la fiscal tiene todos los visos de pagar un tributo a Vizcarra, cada vez más envuelto en su propia telaraña corruptora por nuevos testimonios de quienes lo rodearon en tales faenas ilícitas.
El lagarto quedaría como víctima de un concierto de forajidos y por ello se entiende el calculadísimo lanzamiento del partido Perú Primero en concordancia con lo actuado por Zoraida Ávalos.
Hay pues una abierta persecución política disfrazada de motivación fiscal que merece rechazarse, sin desmedro de investigar todo lo ocurrido en esos días infaustos que siguieron al 10 de noviembre de 2020. Pero también hay una lección que debe valorarse a la luz de la propuesta presentada por la congresista Patricia Chirinos para vacar al presidente Pedro Castillo.
Esa lección puede resumirse en la exigencia de construir una alternativa democrática que gane la pupila ciudadana tras la posible caída de Castillo, sobre todo si termina avalando la intromisión anticonstitucional de su primera ministra Mirtha Vásquez al asumir el compromiso de cerrar cuatro operaciones mineras y, lo peor, allanarle el camino del perdón a los delincuentes que incendiaron las instalaciones de Apumayo en Ayacucho, bajo el paraguas de esa vieja monserga comunista de “no criminalizar la protesta”.
Porque quienes abrigamos dudas legítimas sobre la viabilidad de la moción de Chirinos (debido a la ausencia coyuntural de una respuesta organizada al plan cooptador de instituciones y debilitamiento del sistema de libertades promovidos con diferentes intensidades por los radicales y caviares de la administración castillista) hoy no podemos ni debemos gradualizar nuestra postura. El presidente y su premier enmiendan el zarpazo a la iniciativa privada o se les expectora del frágil poder que detentan por su incapacidad moral manifiesta al violar descaradamente la ley de leyes.
No cabe la media tinta.
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