Persiste el martirio a los abogados

Connotados juristas, periodistas, políticos y en nuestra sociedad han señalado públicamente la lentitud en la administración de justicia tanto en la etapa investigadora a cargo del Ministerio Público como en los procesos judiciales (penales, civiles, laborales, contencioso administrativo, familia, etc.) que constitucionalmente están a cargo del Poder Judicial. No obstante, a que ambas entidades gozan de unidad, exclusividad e independencia (Constitución: artículos 138°, 139° 158°), es innegable que los magistrados fiscales y/o jueces no cumplen con procesar las causas a su cargo dentro de los plazos establecidos en los códigos y normas procesales.
Los profesionales abogados, obligatoriamente deben estar colegiados. En su inmensa mayoría ejercen independientemente su profesión patrocinando a justiciables demandantes y/o demandados. Por ende, los medios de su subsistencia devienen de los honorarios que le paguen sus clientes. Estos, en cuanto justiciables, esperan que los jueces procesen sus causas dentro de los plazos señalados en los códigos y normas procesales. Lamentablemente, los magistrados fiscales y/o jueces (de todos los niveles) no cumplen con procesar los expedientes a su cargo en los plazos procesales. Es habitual que demoran años y más años para que expidan sentencias consentidas y/o ejecutoriadas.
Esta dilación la conocen perfectamente bien el decano y dirigentes del CAL y pese a que tienen la obligación de proteger a los abogados colegiados (Aplicación de sus Estatutos: Incisos d) y h) del artículo 3° e inciso a) del artículo 4°) no se conoce que hayan promovido acciones legales para que en el Ministerio Público y el Poder Judicial se tramiten los actos procesales en los plazos específicamente señalados. Se sabe que abogados han solicitado al actual decano del CAL que lo haga, pero hasta hoy no se conoce resultados. Esas dilaciones perjudican laboral y económicamente a los abogados y por ende los agobian porque afectan su economía para atender sus necesidades personales y familiares.
En las elecciones para elegir al decano y Junta Directiva realizada el 24/02/2024 participaron 12 listas y debían votar 70.000 abogados. Los letrados mayoritariamente han quedado decepcionados porque ninguno de los candidatos (al igual que anteriores dirigentes del CAL) ni siquiera han tenido el valor (valentía) de proponer luchar porque en el Ministerio Público y el Poder Judicial, los magistrados de todos los niveles, procesen los expedientes a sus cargos dentro de los plazos legalmente establecidos (Artículo 109° de la Constitución).
¿Quién podrá defender a los abogados?

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