Perspectivas Económicas de la OCDE al 2023
El reciente informe de la OCDE (7 junio 2023) sobre las Perspectivas Económicas para este año, como un avance del proceso de adhesión, ha incluido la ficha de seguimiento de la economía peruana; junto con otros países latinoamericanos miembros de la OCDE: México, Costa Rica, Brasil, Colombia y Chile.
La OCDE señala que la evolución de la economía mundial ha comenzado a mejorar, pero el repunte sigue siendo frágil. Prevé que el crecimiento del PIB mundial se reduzca del 3.3% en 2022 al 2.7% en 2023, con un modesto repunte al 2.9% en 2024, ambos muy por debajo de la tasa de crecimiento promedio en la década anterior a la pandemia de COVID-19. El crecimiento previsto para 2023 y 2024 es, para EEUU 1.6% y 1.0%, para la Eurozona 0.9% y 1.5%; y para China 5.4% y 5.1%, respectivamente.
Pero, la inflación es persistente, y se mantiene a niveles altos; el impacto de las altas tasas de interés en todo el mundo restringirá el crecimiento de la demanda durante algún tiempo. La inflación para los países de la OCDE fue de 9.3% en 2022, y se proyecta una tasa promedio de 6.9% en 2023 y de 4.3% en 2024.
Con relación al Perú, se proyecta que el PIB crezca un 1.7% este año y un 2.9% en 2024. Esta proyección de la OCDE es más ajustada que las realizadas hace poco por el Banco Mundial de 2.4% a 2.2%, para 2023. La incertidumbre política, los fenómenos meteorológicos extremos, las altas tasas de interés y la inflación vienen limitando el consumo y la inversión privada. La ejecución presupuestaria lenta por parte de los gobiernos regionales y municipales, obstaculiza la inversión pública, a pesar de un reciente paquete de medidas para impulsarla. La recuperación del turismo y la producción de cobre impulsarán las exportaciones. Se espera que la inflación se desacelere y vuelva al objetivo a principios de 2024.
El Producto Interno Bruto se contrajo un 0,4% interanual en el primer trimestre de este año; pero luego la minería se recuperaría a medida que se disipan los disturbios sociales. La inversión privada se vio especialmente afectada en el primer trimestre del año, cayendo un 12% respecto al mismo trimestre del año anterior. El consumo privado también se desaceleró, con un modesto avance interanual del 0,4%.
La inflación general anual disminuyó al 7,9 % en mayo después de alcanzar un máximo del 8,8 % en junio de 2022. La inflación subyacente (sin energía y alimentos) se redujo hasta el 5,1 % en mayo desde un máximo del 5,9 % en marzo de 2023. Además, las expectativas de inflación a 12 meses se redujeron aún más hasta el 4,2 % en abril.Los aumentos salariales se han contenido y los salarios reales están un 5% por debajo de su nivel de 2019. Los riesgos asociados con las condiciones financieras mundiales se ven mitigados por las significativas reservas de divisas y la baja deuda pública. El sector financiero se mantiene resistente en medio de bancos bien capitalizados, con grandes reservas de liquidez.
El Banco Central de Reserva ha mantenido, desde febrero a junio de 2023, la tasa de interés de referencia en 7.75%, debido a la desaceleración de la actividad económica y la reducción de las expectativas de inflación.
Para proteger a los hogares de la alta inflación y respaldar la débil economía, el Gobierno lanzó programas de apoyo fiscal (Con Punche I y II), en cumplimiento de las reglas fiscales, que debería compensar en parte el impacto negativo de la incertidumbre política con una combinación de transferencias de efectivo temporales y específicas, inversión pública y alivio crediticio para las pymes. Pero, su impacto puede ser insuficiente. En el caso del sector agricultura, a la fecha solo se ha ejecutado el 15% del presupuesto de Con Punche Perú.
Una desaceleración económica en China, el principal socio comercial de Perú, y precios más bajos del cobre, afectarían negativamente las exportaciones, los ingresos fiscales y las perspectivas de inversión. Además, en Perú existe riesgo político porque la población sigue percibiendo inestabilidad política (presidente del Banco Mundial).
Hay necesidad de aumentar el crecimiento a largo plazo, lo que dependerá de mejorar la capacidad de la gestión estatal a nivel nacional, regional y municipal y abordar la lucha contra la corrupción para garantizar la prestación de servicios públicos, en particular, mejorar significativamente, la calidad de las prestaciones de educación y de salud, además de infraestructura de alta calidad.
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