Perú arde y el gobierno siempre tarde

En septiembre de 2024, los incendios forestales en Sudamérica alcanzaron niveles alarmantes, afectando no solo a Perú, sino también a Brasil, Bolivia, Colombia y Argentina. Estos desastres fueron impulsados por factores climáticos, como altas temperaturas y sequías severas. En Brasil, la Amazonía y el Pantanal, el humedal más extenso del mundo, sufrieron particularmente por la quema descontrolada, lo que resultó en una grave pérdida de biodiversidad y ecosistemas cruciales para el equilibrio ambiental global.
La falta de políticas preventivas y de control en varios países sudamericanos ha facilitado la expansión de estos incendios. En muchos casos, la deforestación ilegal y las prácticas agrícolas poco reguladas han sido factores clave en la propagación del fuego. Esto ha provocado una crisis ambiental que no solo afecta a la flora y fauna, sino también a las comunidades indígenas y rurales que dependen de dichos ecosistemas para su sustento.
Este mes de septiembre, 22 departamentos en el Perú fueron gravemente afectados por incendios forestales no resueltos. Entre los más perjudicados están Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Ucayali y Amazonas, especialmente en áreas cercanas al río Utcubamba, con pérdidas en zonas arqueológicas como Lengate, Tingorbamba y Pueblo de los Muertos, pertenecientes a la cultura Chachapoyas, y Pallasca (Áncash), donde se reportó que el sitio arqueológico de Pashas fue devastado por el fuego.
Se han producido numerosos incendios en Áreas Naturales Protegidas (ANP) como Cerros de Amotape y Bosque Altomayo. Asimismo, muchas otras de las 246 ANP con las que cuenta el país están amenazadas por las llamas. Como no es de sorprender, los esforzados guardaparques deben hacer heroicas acciones para controlar el fuego, y apenas se cuenta con 400 bomberos capacitados para estas tareas a nivel nacional.
Evidentemente, mientras el gobierno se despereza, se sigue causando un enorme daño al ecosistema. Poco o nada se hace para proteger estas reservas, muchas de las cuales solo existen en el papel. El caos se grafica con el dato de que el 16 % de la superficie nacional cultivada con coca (14,757 hectáreas) se encuentra en ANP y zonas de amortiguamiento. Semejantes hechos han causado un grave impacto, dejando al menos 16 personas fallecidas y más de 150 heridos en distintas regiones del país. Pese a la falta de una evaluación rigurosa, ya se habla de más de 70,000 hectáreas afectadas, a lo que debe sumarse una cifra no cuantificada por menoscabo de cultivos, ganado, infraestructura y turismo, perjudicado por la destrucción de áreas de alto valor cultural y ecológico, y el deterioro de recursos naturales que exacerban la pobreza en las zonas afectadas.
Los costos de recuperación de los ecosistemas forestales, que no tienen ninguna política estatal real que los proteja, serán astronómicos y la rehabilitación puede tomar décadas. La respuesta del Estado peruano evidencia una falta de sistemas de alerta temprana, previsión y coordinación en la gestión de catástrofes naturales. La indefinición del gobierno sobre declarar la emergencia de un país en llamas, la ridícula negativa a recibir apoyo internacional y el apoyo logístico insuficiente, han generado perjuicios irreparables en términos humanos, ambientales y culturales (aunque parece no importarle mucho a algunas autoridades). La desconfianza pública en la capacidad del gobierno para proteger a su población es superlativa y su popularidad sigue una caída hacia profundidades insospechadas. Pareciera que solo la naturaleza podrá ayudarnos y que las lluvias auxiliarán a esta administración huérfana de ideas, de planes y de materia gris.
Tenemos un país que arde y un gobierno que reacciona, si es que lo hace, siempre tarde.

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