Perú: camino al precipicio
La mafia gorritiana que opera al interior del Ministerio Público, a través de la pantomima de Fiscal de la Nación llamada Delia Espinoza, exige al Poder Judicial que suspenda 36 meses al ex fiscal supremo Luis Arce Córdova; magistrado todavía no reintegrado a sus funciones tras haber sido destituido en 2021 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por encontrarse injustamente involucrado en la celada Cuellos Blancos tendida —cuándo no— por el inefable Gorriti.
Este nuevo atentado de la fiscalía ocurre, como precisaba ayer este periódico, luego que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima ordenó reponer en el cargo a Arce Córdova, sentenciando que “la Junta Nacional de Justicia aplicó la suspensión sin respaldo en su Ley Orgánica ni respeto al debido proceso” al omitir una investigación preliminar. Esa sentencia corresponde a precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional que, recientemente, favoreció al también destituido ex fiscal supremo Tomás Gálvez por idéntico concepto que Arce Córdova. No obstante —chantajeada por la mafia gorritiana, como suelen hacerlo los caviares, cuando les conviene— Delia Espinoza intenta apartar por tiempo indefinido al no-caviar Arce Córdova vinculándolo a la organización criminal “Los Cuellos Blancos” —obra novelada por el siniestro Gorriti— imputando un presunto enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencia agravado, “por favorecer a gente vinculada al exjuez César Hinostroza.” Como señalaba ayer EXPRESO, “Esta solicitud de suspensión preventiva busca impedir que Arce ejerza su cargo, mientras se profundizan las investigaciones”. Acá, la Fiscalía muestra una evidente disparidad en su accionar. Porque, por ejemplo, en febrero pasado la Fiscal de la Nación abrió investigación contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos y miembros del equipo Lava Jato, acusados de favorecer a Odebrecht vía el acuerdo de colaboración eficaz. Pero, a diferencia del caso Arce, Espinoza NO ordenó suspensión preventiva contra Ávalos. Igual ocurrió con el fiscalete Domingo Pérez, en la investigación que este enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito (desbalance patrimonial), y gastos que superan sus ingresos, sin que la Fiscalía le aplicase sanciones similares mientras duran las indagaciones.
Una metodología, como insinuaba ayer EXPRESO, dirigida a que aquellos fiscales amigos implicados en casos sospechosos y sensibles —como Lava Jato— y/o quienes mendiguen favores ante el deteriorado trono de Delia Espinoza, no se hagan acreedores a medidas preventivas. Contrario a aquello que ocurre con Arce Córdova, quien enfrenta una probable suspensión y, ciertamente, un futuro incierto.
Esto, amable lector, es lo que ocurre en las alturas del poder fáctico que se ha apoderado de nuestra nación, a través de aquella esperpéntica, manipuladora, peligrosísima politización de la Justicia —y simultáneamente, judicialización de la política— como instrumento de control totalitario del Estado peruano en manos de la mafia liderada por Gorriti, quien durante largos años representara en el Perú al cuestionado “filántropo” George Soros.
Si el Congreso no adoptase medidas drásticas —desaforando a los integrantes de la JNJ y designando en su lugar a gente idónea, despolitizada y practicante del Estado de Derecho— pronto el Perú acabará secuestrado por la férula comunista latinoamericana, que controla Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia, etc.
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