Perú debe decidir su rumbo sin injerencias externas

En los corredores de la diplomacia y en los despachos de seguridad en Washington, se gesta una estrategia destinada a remodelar el tablero geopolítico mundial mediante la presión ejercida sobre países medianos, como Perú. Marco Rubio, hoy día con mayor poder e influencia como secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, busca replicar una política de los años 70: dividir a las potencias autoritarias para debilitarlas. Pero esta vez, con un propósito inverso. Si Henry Kissinger logró entonces un acercamiento con China para aislar a la URSS, ahora Rubio busca dividir a Pekín y Moscú en medio de una guerra comercial feroz.
El problema es que no hay fisura que explotar. La alianza sino-rusa de hoy no solo es robusta… es también estratégica y se halla perfectamente coordinada. Pasar por alto esta realidad o pretender intervenir en asuntos que exceden las propias fronteras es un error.
Perú está en la mira. Recientemente, Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., ha hecho un llamado explícito a Perú para que limite el avance de China en América Latina, calificándola de “amenaza para la región”. Dicha presión estadounidense para detener las inversiones chinas en nuestro país no es un simple gesto diplomático. Constituye una posible infracción de nuestra Constitución y supone un desafío a la libertad económica (art. 58), así como al principio de no discriminación hacia el capital extranjero (art. 63). Representa, adicionalmente, un ataque directo tanto a nuestro Acuerdo de Libre Comercio con China como a los tratados internacionales que garantizan trato igualitario a los inversionistas.
Ceder ante esta presión sería abrir la puerta a una política externa mostrada como “seguridad hemisférica”. China no es un actor improvisado en América Latina. Entre 2000 y 2013, el comercio bilateral se multiplicó por 22. Desde 2010, invierte entre 10,000 y 14,000 millones de dólares al año, especialmente en Perú, Brasil y Venezuela. En Perú, la influencia china es palpable. Lo vemos en megaproyectos como Las Bambas y Chinalco, así como en infraestructuras críticas como el puerto de Chancay. Obstaculizar estas inversiones no solo resultaría anticonstitucional, sino igualmente desastroso desde la perspectiva económica.
Otros países han resistido presiones similares manteniendo su soberanía. Brasil, incluso bajo el gobierno conservador de Bolsonaro, no vetó a Huawei. México, pese a su alineación con EE. UU. a través del T-MEC y su dependencia comercial, sigue acogiendo inversiones chinas en su sector industrial y automotor. ¿Por qué el Perú debería ceder más que ellos?
Perú requiere de un liderazgo que entienda que la soberanía no implica aislamiento, sino la capacidad de decidir sin interferencias. Un liderazgo que sepa decir “no” cuando el derecho así lo exige. Que defienda la Constitución peruana como el baluarte más sólido contra cualquier intento de injerencia externa. Que sepa defender nuestra posición con determinación, forjar alianzas diplomáticas y galvanizar el apoyo multilateral, combinando visión internacional con integridad institucional.
Servir al interés nacional es decir no a condicionamientos que violan nuestra legalidad y debilitan nuestra reputación. Es reafirmar que el Perú puede y debe mantener una neutralidad estratégica y activa. Significa apertura a las inversiones que respeten nuestras leyes, sin importar su procedencia. No se trata de estar a favor de China o en contra de EE. UU., sino de estar con el Perú. Las inversiones estadounidenses, como las anunciadas en el último APEC para el puerto espacial en Talara, son ampliamente bienvenidas. Como recordó Francisco Tudela, en geopolítica el mercado prevalece, siempre y cuando las reglas sean claras y equitativas. Nuestra Constitución debe respetarse y nuestro futuro económico también.

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