Perú en conflicto

Como se informó en este Diario, las demandas contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) se incrementaron considerablemente durante el 2021, al punto que el Perú es hoy el país a nivel mundial, con más demandas de empresas ante el Ciadi.

Entendamos que un conflicto se produce cuando un problema, o cuestión que es materia de discusión, no ha encontrado una solución satisfactoria. El Perú tiene actualmente 22 arbitrajes pendientes por supuestos incumplimientos de contratos con empresas internacionales

Parte de ello es que tenemos un sistema jurídico fallido. Hay abundancia de actores, desde procuradores, fiscales, jueces, junta nacional de justicia, tribunal constitucional, defensorías, etc. Y posiblemente en esta abultada burocracia, funcionarios bien intencionados. No obstante, los resultados demuestran una efectividad casi nula a nivel internacional.

No hemos logrado – salvo un par de excepciones- que a quienes consideramos que infringieron las leyes peruanas la justicia les alcance más allá de nuestras fronteras. Como tampoco que sean extraditados.

Hay varias razones para ello. La primera es que en el Perú se entiende que la justicia es una mera sanción o castigo. Se promueve incluso la prisión preventiva. En realidad, la justicia a nivel universal, es dar a cada uno lo que corresponde. Es decir, debe ser ante todo reparadora. Nuestros delincuentes más destacados, sufren carcelería excesiva muy onerosa para el Estado en tanto que, por falta de reparación, sigue para las víctimas el sufrimiento.

Nos hemos mal acostumbrado a que haya miles de presos sin sentencia, miles de acusaciones por corrupción sin resolver. Así como delincuencia por doquier y feminicidios en aumento. A ello se suma la calidad de las normas.

Mieles de leyes vigentes, más disposiciones de carácter local aplicadas por diversas autoridades, que generalmente no están en capacidad de administrarlas. Así como un número impresionante de abogados y una escasez de juristas.

En el Perú el estudio de los defensores del valor superior de la justicia culmina con el título de abogado, o sea él que aboga o toma partido por una causa. La formación de jurista se gana por lo general en el exterior, y es aquel que promueve las normas que defienden lo justo.

Vivimos en una sociedad estoica, que reacciona con la crítica, pero en muchos casos incapaz de resolver. Menos de aportar ideas constructivas que permitan la necesaria conciliación de intereses. Agravado todo ello por un Congreso enfrascado en enfrentarse al Poder Ejecutivo, descuidando la responsabilidad de elaborar normas buenas. Y para mal mayor, un Poder Ejecutivo con limitaciones, en el que unos sospechan de otros.

En ese complejo contexto, será un desafío para el país actuar con acierto en el caso que responsabiliza a la internacional Repsol, en el que no solo es necesario considerar el aspecto punitivo, sino el de priorizar la pronta reparación del enorme daño causado.

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