Perú en manos de unos grandes corruptos
¡La capacidad de indignación parece haberse esfumado entre los peruanos! Hoy nadie se enfada ni exaspera, tras comprobar que les mienten las máximas autoridades que eligieron para que sean gobierno. No sólo mienten, sino que aparecen involucradas en los más escabrosos asuntos delincuenciales que rodean a una Administración Pública podrida en perversión, de la cual forman parte activa sus principales autoridades en actos criminales que les involucran como autoras de gravísimas trasgresiones legales y constitucionales. Tal vez el motivo por el cual los peruanos ni siquiera reaccionamos ante la menor evidencia de que nuestras dirigencias lideran bandas delincuenciales, dedicadas a robarle a usted, amable lector, haya sido ese tortuoso, cómplice proceso que ha tenido, como resultado, descubrir que jefes de Estado como Toledo, Humala, PPK y Vizcarra participaron en organizaciones criminales establecidas para robarle al Estado, junto a “empresarios” de cuello y corbata como Odebrecht y Graña MQ. O que noveles, como el caso actual de Pedro Castillo, disfrazado de profesor, trapicheen con “empresarios” chicha, como Karelim López, Bruno Pacheco o Silvia Barreda, y que, al final del día, ni siquiera uno esté encarcelado. En otras palabras, demostrándonos que en este país el crimen sí paga, si quien lo perpetra es algún facineroso asociado a un jefe de Estado.
En cualquier nación del planeta, una escena como la que acabamos de describir merecería la más violenta reacción de su ciudadanía, demandando la cabeza de las autoridades judiciales. En particular, de la fiscal de la Nación, por su falta de idoneidad, rayana en la complicidad, al no haber efectuado denuncia alguna frente a semejantes indicios de delito. Tanto por parte del presidente de la República como de aquellos que integran su banda criminal, organizada para esquilmar a 32 millones de peruanos.
En el caso de Pedro Castillo, fue el periodismo libre –quizá el único gremio que mantiene a tope su capacidad de indignación- el que alertó, desde el comienzo de su gestión presidencial, que algo ya venía pudriéndose en Dinamarca. Sin embargo, la fiscal Zoraida Ávalos vendaba sus ojos, oídos y boca, dejando pasar, delante suyo, sin siquiera pestañar, palpables pruebas de corrupción. Semejante episodio de libertinaje, frente a la mega podredumbre en una sociedad traumada por múltiples escándalos de corruptelas -entre las cuales están incursos otros sendos ex mandatarios- no recibirá el perdón de Dios. Y menos todavía, de los peruanos. La fiscal Ávalos tendrá que ser removida por el Congreso de la República, a menos que la mayoría legislativa opte por lo contrario, con lo cual habremos llegado al extremo de que todos los poderes del Estado habrían claudicado ante su majestad, la corrupción.
El Parlamento tiene en sus manos una de sus más altas responsabilidades históricas: salvar al país del desastre al cual viene induciéndolo un gobierno comunista, pletórico de corrupción. Y peor aún, intoxicado por la medianía, falta de profesionalismo, idiotez y desconocimiento de una camorra de incompetentes, además de simpatizantes del terrorismo, que se ha apoderado del Estado convirtiéndolo en un pozo séptico adonde terminarán sumidos los peruanos.
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