Perú en ola de extorsiones ¿Hasta cuándo?
En los últimos días, el Perú ha vivido el caos del paro de transportistas traducido en el bloqueo de calles y vías, ciudadanos con problemas para llegar a su centro de trabajo; instituciones educativas y universidades que se vieron obligadas a suspender sus clases; y como siempre, no falta gente que vandaliza una protesta que es legítima, y que ha llevado a un Ejecutivo acorralado a declarar el estado de emergencia en más de 10 distritos.
¡Por supuesto que se trata de una protesta legítima! Estamos hablando de más de 50 empresas que brindan el servicio de transporte y que están hartas de ser extorsionadas cada día. Pero están mucho más hartas de ver la inacción del gobierno. ¿Qué está esperando el Ejecutivo? ¿Que se sumen los bodegueros, los comerciantes, los ambulantes y demás peruanos trabajadores que, en su mayoría, sostienen la economía de este país? ¿Cuánto nos va a costar el perjuicio de paralizar el transporte, el comercio y demás actividades productivas del día a día?
A todo esto, ahora salen los caviares alegremente a decir que la culpa es del Congreso, cuando sabemos más bien que es a ellos a quienes les importa un pepino la seguridad de todos. Lo único que les interesa es sacar provecho de esta situación gravosa con fines enteramente políticos. Porque recordemos cuál ha sido hasta ahora su reacción ante proyectos de ley de seguridad ciudadana:
Cuando propuse la ley de expulsión de extranjeros que cometan delitos, dijeron que era xenofobia. Cuando propuse reabrir el Frontón para peligrosos delincuentes, dijeron que era mucho gasto. Cuando propuse la aplicación de un plan de control territorial similar al sistema salvadoreño, dijeron que era contrario a los derechos humanos. Cuando propuse la ley para eliminar la inimputabilidad a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves, dijeron que era contrario a los tratados internacionales. Cuando propuse pena de cárcel para jueces y fiscales que liberan a delincuentes capturados en flagrancia, dijeron que era contraria a la autonomía judicial; y así sucesivamente. ¡Su actitud es realmente despreciable!
Este Congreso le ha negado a la presidente Boluarte su viaje al exterior para que resuelva los problemas de casa, entre ellos: los incendios forestales, y ahora el paro de transportistas. Mientras el canciller peruano rinde nuestra soberanía al “Pacto del Futuro” de la ONU, el Perú está en deuda con los verdaderos derechos humanos: al trabajo, al libre tránsito, a la libertad de empresa, a la seguridad que sí es un problema público, y que sí es deber del Estado atender con carácter de urgencia.
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