Perú, país sin justicia
La figura de la organización criminal sigue aplicándose abusiva y compulsivamente en nuestro país, donde los fiscales y/o los jueces reciben instrucciones de sus superiores para procesar primero –y condenar después– a todo aquel considerado enemigo personal o del poder. Al respecto, EXPRESO publicó un ilustrativo comentario del penalista Humberto Abanto a raíz del debate –en el seno del Congreso– de la controvertida figura de la organización criminal. Según Abanto, dicha figura fue “la primera gran mentira” que dio el fiscal Jorge Chávez Cotrina respecto a su uso como distintivo “para representar el control de una sucesión de hechos llamados cadena de valor, en una economía de mercado; sea esta tanto legal como ilegal”.
Según el letrado, la Corte Suprema consolidó la idea recogiendo aspectos del glosario policial “que precisa, como indispensable, que la figura de la organización criminal se inserte como parte de la cadena de valor de una economía, configurando un mercado ilegal”. Sin embargo, indica Abanto, “lo que viene sucediendo es que si tres personas se ven involucradas, por ejemplo, en un pedido para que le asignen un cargo a cierta persona”, siguiendo esta lógica, de inmediato surgiría “la figura de la organización criminal”. O simplificando más, “si tres muchachos robaran una bicicleta o una bolsa de caramelos, se configuraría la organización criminal”. Al extremo que “el legislador Américo Gonza sostiene que casi un millón de personas están siendo investigadas por pertenecer a una organización criminal”. ¡Algo absolutamente escalofriante!
“Pero”, inquiere Abanto, “¿acaso hablamos de verdaderas organizaciones criminales?” Y concluye: “En el Perú no hay 400 organizaciones criminales. No las hay en México. No las hay en Colombia. Tampoco en los Estados Unidos. ¡Pero aquí ligeramente se dice que hay 400 organizaciones criminales!”. Y prosigue sindicando que “el criterio de la organización criminal ha venido empleándose para enfrentar al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas; lo que se llaman mafias (...) Para eso se creó”. Es más, recuerda que “La ley de organización criminal, el crimen organizado y la figura de organización criminal están inspiradas en la Ley Rico (Norma de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos) de los Estados Unidos, donde la mafia de la familia Gambino asolaba Nueva York. Sacaron esa ley y desde los tiempos de Al Capone hasta que se dio la Ley Rico, fue un proceso de aprendizaje que duró 40 años. Aquí no. Aquí hemos hecho una ley que es vaga...”. ¡Como casi todo lo que produce nuestro inservible sistema judicial; conformado por una politizada Junta Nacional de Justicia (JNJ), vetustas Cortes Supremas y Superior, infames juzgados y una corrompida Fiscalía de la Nación!
Es hora de que el país comprenda la gravedad de lo que ha presentado descarnada y acertadamente el letrado Humberto Abanto. Para solventar semejante problema, necesitaríamos recurrir a asesorías de naciones donde, coherentemente, funciona la justicia: Gran Bretaña, Francia, incluso Argentina. Porque ninguna sociedad digna, moderna y exitosa debe estar expuesta a un mecanismo tan tortuoso, extorsivo, maltratador y humillante como el que, pertinazmente, nos lo refriega la “justicia peruana”.
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