Perú: ¡país sin justicia!

Con la llegada a la presidencia del Perú de Alejandro Toledo —asesinado por Gustavo Gorriti y su mafia caviar—, el Poder Judicial y la Fiscalía acabaron secuestrados. El propósito fue judicializar la política y asegurarle estadía permanente a aquel poderoso, siniestro operador. El apoyo financiero y estratégico lo obtuvo Gorriti de Open Society, ONG de George Soros. A partir de entonces, el Poder Judicial y el Ministerio Público permanecen desarrollando una peligrosa metamorfosis pagada por el Estado. A resultas, jueces como fiscales han pasado a ser sometidos a un intensísimo proceso de lavado cerebral, como conceptual, basado en el criterio woke/caviar; uno de cuyos propulsores sigue siendo Soros.
El primer “éxito” de esta metamorfosis fue la condena a policías y militares que batallaron de manera patriótica contra el terrorismo. Paralelamente, los mismos juzgadores liberaban a miles de terroristas culpables de la muerte de, al menos, 35,000 peruanos y la discapacitación de otros miles de compatriotas heridos por bala y/o dinamita lanzada por los terroristas de Sendero y MRTA. Fue esta actitud sanguinaria un gatillazo a la desconfianza ciudadana en sus juzgadores, tras verse vejados y traicionados por fiscales y jueces que, hasta antes de aquella mutación, habían actuado conforme a la norma. Semejante desengaño produjo la desconfianza más absoluta de la sociedad; tanto en la Justicia como en la acción de los sucesivos gobiernos que —exceptuando la segunda gestión del régimen de García— desde entonces han venido administrando el país. A criterio de este escriba, allí surge la explosión delincuencial que hoy asfixia al Perú.
Hoy, el problema más grave del Poder Judicial es su manifiesta carencia de sindéresis e independencia; aparte de su infame ideologización y politización confirmada vía decisiones judiciales influidas por presión dogmática, gubernativa, económica, etc., que han destruido la fe ciudadana. ¿Resultado? Mayor anomia; consecuentemente, más corrupción entre las altas esferas del sistema de justicia demostrada en el trapicheo de sentencias, el tráfico de influencias y la parcialidad sistemática. Esto significa aplicar la Justicia con criterio político, favoreciendo al criminal amiguete del gobernante, y condenando sin justificación alguna al inocente opositor del régimen de turno. ¡Fundamentalmente, al oponente de la mafia caviar incrustada en el Poder Judicial y la Fiscalía!
Sumémosle el atraso y estancamiento de los procesos durante décadas, y a que los fiscales están expuestos a presiones externas —que incluyen coimas de criminales y presiones de autoridades— que enervan las investigaciones, al margen de estar absolutamente descoordinados con la Policía Nacional, incluso el Poder Judicial. Como lógica consecuencia, se han metastatizado la violencia, el delito y la injusticia social. Mientras tanto, los peruanos nos sentimos desprotegidos cuando quienes delinquen quedan impunes y los inocentes acaban en las prisiones.
¡Nuestro sistema de justicia exige atención urgente! La ideologización, la corrupción, falta de independencia, insuficiencia de recursos y el retraso procesal son algunos de aquellos obstáculos que inutilizan a la Justicia peruana. Para restablecer la confianza ciudadana y apoyar el desarrollo y la estabilidad del Perú, hace falta un sistema de justicia sólido, libre, despolitizado, desideologizado, transparente y eficaz.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.