Perú sin buenos candidatos: el reloj de Salas Arenas

Julio Velarde, presidente del BCR, ha manifestado recientemente nuestra falta de tiempo para organizarnos y encontrar candidatos de calibre, puesto que las normas electorales se fundamentan en la premisa de que existen partidos serios. Aquí surge el dilema introducido por Salas Arenas. El incremento del 1% en la valla para las alianzas electorales ha llevado a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) limite severamente a los partidos políticos, obstaculizando la formación de coaliciones y una participación política efectiva. En este proceso, el JNE ha establecido requisitos considerablemente menores para los movimientos regionales. Hasta comienzos de este año, menos del 20% de los partidos que solicitaron su inscripción se mantienen activos, mientras que más de una cuarta parte de los movimientos regionales registrados lo están. Salas Arenas facilitó la legalización de Antauro Humala para las próximas elecciones y, al momento, enfrenta cinco denuncias constitucionales en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, incluyendo una que está en proceso.
El Congreso tiene la responsabilidad de ofrecer soluciones al entuerto electoral, mientras que la actuación de Salas Arenas plantea serias dudas ¿Qué podemos esperar de este panorama? Las expectativas no son muy altas. Principalmente, por tres razones:
1) Es necesario aprobar la reelección de gobernadores y alcaldes, junto con la eliminación de los movimientos regionales en la segunda votación del Pleno. De no llevarse a cabo, Salas Arenas probablemente facilitará aún más las condiciones para los movimientos regionales. En diciembre, se expresó en contra de su eliminación, argumentando que constituye una violación a los derechos humanos de los ciudadanos; sin embargo, no propuso reglas claras ni mecanismos de control para su mayor transparencia. Esto es alarmante considerando que los movimientos regionales son frecuentemente señalados como vehículos de prácticas corruptas a nivel local, financiados por actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Su proliferación, si bien pueden ser legítimos en su representación local, contribuye a la inestabilidad y complica la cohesión nacional al permitir el ingreso de delincuentes a la política.
2) Se debe acelerar el debate sobre la prohibición de postulación a cargos públicos para individuos condenados por delitos graves. El proyecto de ley propuesto por el congresista Anderson se encuentra estancado en la Comisión de Constitución desde diciembre del año pasado. Esta reforma es vital para proteger los pilares democráticos del país, especialmente cuando las encuestas, como la última de Ipsos, muestran un rechazo masivo (90%) a la idea de que condenados por delitos graves puedan candidatear a la presidencia. Es un paso necesario para reforzar la confianza en las instituciones democráticas y demostrar que el Congreso está dispuesto a implementar una reforma inmediata por encima de cualquier consideración populista.
3) Importa avanzar en la denuncia constitucional contra Salas Arenas. Como bien apuntaba la columna de ayer de Luis García Miró, resulta indefendible la demora en atender esta denuncia, especialmente teniendo desde hace meses el respaldo legal de la Corte Suprema para proceder con la acusación. El desprestigio del Congreso crece al no atender asuntos críticos, ampliando, como mencionaba el exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde, un “certificado de impunidad” a favor de Salas Arenas, lo cual perjudica a la democracia. No existen justificaciones legales para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continúe aplazando esta acción desde el 17 de abril. La presidencia del JNE es una posición demasiado importante para nuestra democracia como para ser ocupada por alguien que demuestra sesgo político.
El Congreso debe actuar sin demora para avanzar en normativas que refuercen la institucionalidad de los partidos políticos, asegurando que individuos con antecedentes penales graves no accedan a cargos públicos de alto nivel y estableciendo las condiciones para unas elecciones limpias.

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