Perú vive momentos peligrosos
Fácticamente, el régimen comunista que encabeza Castillo ha eliminado la vigencia de la Constitución y de la ley, ignorando despectivamente todas las denuncias que recibe de distintos sectores sociales, razón de que 76% de la población rechace su gobierno. De acuerdo a la organización jurídica del Estado peruano existen dos guardianes de la ley y de la Constitución: el poder Judicial (y su complemento, el Ministerio Público), y el Tribunal Constitucional, respectivamente. Como hoy nos encontramos en un Estado fallido, las páginas web oficiales no brindan información actualizada -ni real- respecto a situación de las instituciones del Estado. Revisando un informe emitido en abril 2016 por el Poder Judicial, la Corte Suprema la componen con 20 jueces titulares y otros 20 provisionales.
De los titulares sólo 15 ejercen funciones jurisdiccionales. Por su lado la Fiscalía de la Nación está compuesta por seis fiscales supremos; aunque desde hace dos años funciona únicamente con dos de ellos. Por su parte el Tribunal Constitucional está integrado por siete tribunos, de los cuales hoy sólo uno es titular vigente, mientras los seis restantes operan con sus nombramientos vencidos hace años. Con semejante radiografía de las instituciones que supuestamente están a cargo de supervisar que el poder Ejecutivo funcione dentro de la ley y la Constitución, es evidente que ninguna de ellas se siente suficientemente capacitada para ponerle freno a la sistemática violación de las normas y de la Carta Magna, tal como, de manera delictiva e impune, practican Castillo y su gobierno de gente atrabiliaria.
Es evidente que, dentro del escenario donde actúan diferentes sectores que integran el sistema democrático que dicta nuestra Constitución, la prensa libre cumple un rol de capital importancia. Por eso es que Castillo y su régimen comunista/senderista le han puesto la puntería a los medios de comunicación. Independientemente del Congreso –el primero de los tres poderes del Estado, junto con el Ejecutivo y el Judicial- la prensa libre es un incuestionable bastión democrático, al cual el comunismo necesita diezmar para, finalmente, acabar con los tres poderes públicos en los cuales reposa el Estado.
A ello se debe esta arremetida del régimen Castillo contra diferentes medios -escritos y televisivos, hasta hoy- traducida en amedrentamientos indirectos, fundamentalmente vía Ministerio Público. Por ejemplo, con EXPRESO, llegándose a gravísimos excesos como interrogar a su Director Antonio Ramírez, preguntándole aspectos que revelan la intencionalidad del fiscal. Al borde del prevaricato le interpeló “¿Cuánto cobra su diario por publicar notas o entrevistas?” Tal cual escribió últimamente el Director de Expreso, “Es como si yo le preguntase al fiscal, ¿Cuánto cobra usted por liberar a delincuentes que captura la Policía?” ¡Con fiscales como aquel, podría especularse que el Ministerio Público estuviere cumpliendo consignas de palacio de gobierno! A menos que el Fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, desautorice prontamente a su subalterno.
Vivimos tiempos peligrosos, víctimas de una anomia absoluta que genera ese “sálvese quien pueda” que viene imperando en todos las ámbitos de la vida nacional, por culpa de un régimen marxista manifiestamente sometido al Foro de Sao Paulo.
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