“Peruanización política”, el espejo que no queremos mirar

Habituados a una crisis permanente, batallas políticas y confrontación constante, el desgobierno parece normalizarse en el Perú, dando lugar a un modelo de administración estatal disfuncional. Así surge el término “peruanización política”, empleado por otros países para describir un patrón de mala gestión institucional, grave problemática –evidenciada internacionalmente– que debería generar una profunda reflexión.
La “peruanización política” se manifiesta en múltiples dimensiones, empezando por la fragmentación extrema del sistema de partidos. Las elecciones enfrentan a decenas de agrupaciones sin programas sólidos ni estructuras organizativas, muchas motivadas por intereses personalistas o coyunturales. Esta dispersión produce Congresos atomizados que hacen prácticamente imposible conformar mayorías estables, favoreciendo alianzas efímeras, transacciones políticas y pactos que rara vez responden al interés general.
Otra característica central es el conflicto permanente entre los poderes del Estado. Ejecutivo, Legislativo y Judicial operan como adversarios en una competencia por imponer su autoridad, alejados de la cooperación institucional. Figuras constitucionales como la vacancia presidencial, la censura de ministros o la disolución del Congreso se han convertido en armas de uso frecuente, vaciadas de su carácter excepcional, lo que intensifica la inestabilidad, bloqueando la capacidad de gobernar.
A ello se suma la judicialización de la política y la politización de la justicia. La Fiscalía y el Poder Judicial, lejos de mantenerse al margen de las disputas partidarias, se han convertido en protagonistas de la escena política, con decisiones que muchas veces responden a presiones externas o intereses particulares. La pérdida de imparcialidad ha minado la confianza ciudadana en estas instituciones, vistas como actores del tablero político y no como garantes del Estado de derecho.
La crisis de representación y legitimidad se refleja en escasos niveles de aprobación de los tres poderes del Estado, todos con cifras por debajo del 10%. La distancia entre la clase política y la ciudadanía se acentúa con numerosos escándalos de corrupción y la percepción de que los funcionarios públicos trabajan al servicio de agendas privadas y no del bien común. La democracia representativa pierde sentido cuando quienes detentan el poder no gozan de legitimidad social ni respaldo ciudadano.
Finalmente, la inestabilidad política crónica es el rasgo más visible y alarmante de este proceso. Seis presidentes en seis años, ministros rotando cada siete días en los últimos cinco gobiernos y la crisis constante impiden la implementación sostenida de políticas públicas. En estas condiciones, el país no solo deja de avanzar: retrocede, atrapado en una parálisis institucional que compromete el desarrollo económico y la cohesión social.
Lo más preocupante del diagnóstico no es su descripción, sino su persistencia. Los síntomas están identificados, las advertencias han sido formuladas por múltiples observadores internacionales y locales, sin embargo, la clase política parece avanzar hacia un nuevo ciclo electoral sin voluntad de corregir las causas del deterioro. Con 43 partidos en contienda y la reinstauración del sistema bicameral, todo indica que se profundizará la fragmentación, haciendo casi imposible cualquier intento de gobernabilidad.
El Perú se enfrenta a una elección que definirá más que un gobierno: decidirá si se repite la historia o si es posible iniciar una corrección en el rumbo del país. La política no puede seguir atrapada en medio de enfrentamientos o intereses particulares. Por ello, el electorado debe reflexionar antes de votar, pero los actores políticos deben comprender que el verdadero primer poder del Estado es el pueblo y que su responsabilidad es gobernar pensando en el país que los peruanos merecen: funcional, justo y estable.

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