¿Petro juega en pared con el narcoterrorismo?

¿Puede un gobierno —»democrático» en apariencia— coordinar con grupos armados no estatales, sean guerrilleros, terroristas o criminales organizados, para consolidar el poder, manipular a su favor el sistema de tensiones y el proceso político nacional? Claro que sí.

De hecho ese fue uno de los esquemas usados por Chávez y Maduro en Venezuela a través de los colectivos armados y motorizados. El chavismo usó delincuentes y extremistas politizados para controlar la conflictividad social, amedrentar o eliminar a los opositores y hasta para remover resistencias a las «reformas» económicas estatistas y socialistas que hundieron al país. Estas tácticas de tenaza implican poner al país en situación de caos gradual y provocado por un régimen (incluso de origen democrático vía el voto) que juega subterráneamente o en pared con los extremistas violentos para consolidar poder y forzar sus planes de «gran transformación» social.

Esa interacción de crimen y terrorismo es lo que está recalentando Colombia vía el narcoterrorismo. No es, por cierto, un fenómeno reciente; arrancó firme en los ochentas con Pablo Escobar y el Cártel de Medellín que hasta actuaba en atentados junto a la exguerrilla M-19. Curiosamente el grupo armado al que perteneció el actual presidente Petro. El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha rememorado este tipo de eventos. Incluso su madre, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada por el jefe del Cártel de Medellín en 1991.

Hoy Colombia se encuentra en una tensión elevada, sobre todo ante las sospechas de que las investigaciones queden truncas y no se conozca a los autores intelectuales del ataque al senador Uribe quien aún lucha por su vida en un hospital (el celular del sicario detenido ha desaparecido según la Fiscalía). Grandes sectores ciudadanos en calles, plazas y redes sociales no ocultan además el señalar al petrismo no solo como los incitadores del odio y la polarización política que vive el país, sino que podría estar vinculado directamente a los perpetradores ocultos de la violencia con fines políticos y criminales. Hoy los atentados terroristas se han desatado en ciudades como Cali por parte de las disidencias de las FARC (específicamente la facción de alias «Mordisco») demostrando su intención de alterar aun más las circunstancias políticas. ¿A qué juega este narcoterrorismo «guerrillero»?

Los eventos pueden prolongarse teniendo de telón de fondo las pugnas del gobierno por imponer «reformas» atropellando las instituciones democráticas y, hasta quizá, de pretender atornillarse al poder. Debe recordarse que hay investigaciones abiertas sobre el posible financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Petro (su propio hijo Nicolás —actualmente procesado— confirmó en su momento algunas de las acusaciones).

La extrema izquierda que gobierna Colombia puede prosperar con el conflicto administrando la violencia política y criminal a su favor. Esto no debe descartarse. Por supuesto los indicios crecientes y las evidencias confirmarán si este es el escenario que calculada e inescrupulosamente se estaría montando en el vecino país.

La analista política colombiana Sofy Casas ha advertido los posibles contornos de fondo de la actual coyuntura: «Fuentes cercanas a la investigación del atentado contra Miguel Uribe alertan sobre una estrategia en marcha para desviar la atención de los verdaderos responsables. Se estaría construyendo —presuntamente con apoyo del G2 cubano— un montaje narrativo que apunte a una supuesta ‘mafia extranjera’ con base en Miami o Dubái, versión que encajaría con la narrativa oficial de culpar a una ‘extrema derecha internacional’ por los hechos recientes, y así alejar cualquier línea investigativa que roce a los verdaderos responsables: grupos narcoterroristas con los que el gobierno mantiene pactos, diálogos o silencios estratégicos. Mientras tanto, el presidente Petro comienza a instalar el discurso de que la Policía está ‘infiltrada’, lo cual podría usarse para deslegitimar cualquier hallazgo institucional que contradiga la línea del Ejecutivo. Con los recientes atentados en Cali, es previsible que el gobierno insista en que todo es parte de una conspiración de la extrema derecha para ‘desestabilizar al gobierno’, cuando lo que realmente se estaría gestando —según fuentes confiables— es un plan orquestado por grupos narcoterroristas, presuntamente en alianza con sectores del gobierno, para sembrar terror, silenciar a la oposición, deslegitimar el proceso democrático y crear el ambiente perfecto para suspender las elecciones del 2026 con el argumento de que ‘no hay garantías’. Y claro que no hay garantías. Pero no porque la oposición sea una amenaza, sino porque el gobierno —que debería ser el garante de la seguridad, la institucionalidad y la transparencia— ha decidido ser parte del problema. Porque hoy, la verdadera amenaza a la democracia está instalada en el poder».