¡Piense usted en su futuro!

Los caviares han desatado una batalla sin cuartel al interior de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a raíz de que esta –conformada desde hace pocos meses por profesionales decentes y apolíticos– repuso a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, indebidamente separada del cargo en mayo del año pasado por la camorra caviar que manipulaba la JNJ.
A partir de esta decisión unánime –de los miembros presentes en la sesión convocada para revisar el caso Patricia Benavides–, Francisco Távara Córdova, conspicuo caviar, miembro de la JNJ –quien no asistió a la citada sesión– ha enfilado contra los demás integrantes de la Junta, pretendiendo frustrar la elección de su presidente y vicepresidente y denunciando un supuesto “reglaje” a su persona.
Távara, quien –repetimos– no asistió a aquella sesión, desconoce la elección de Benavides; no obstante que ella cumplió con lo establecido por el artículo 22 de la Ley Orgánica de la JNJ, que demanda “el voto de la mayoría de sus miembros presentes”. Pero cinco meses después de ocurrida la sesión, Távara Córdova –también miembro de la Corte Suprema de Justicia–, mostrando un sinsentido manifiesto y desconociendo la verdad, se niega a firmar ese acta, no obstante que recoge lo sucedido. Eso lo confirma la totalidad de las firmas de los demás miembros de la JNJ presentes en aquella sesión.
Asimismo, reafirmando su comportamiento impertinente –y carente de todo sentido democrático–, resulta cínico que cinco meses después Távara califique como “acto hostil en mi contra” –por parte de los demás integrantes de la JNJ– el hecho de haberle “impedido postular para presidir la JNJ”; cuando él ni siquiera participó en aquella reunión.
De otro lado, la Fiscalía de la Nación mantiene abierta una carpeta fiscal seguida contra Távara Córdova “por presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, conforme a una denuncia presentada por Humberto Armando Rodríguez Cerna. Un hecho grave que afecta la imagen de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que ha exhortado a Távara Córdova a “opinar con responsabilidad, evitando expresiones que lleven al error público”, porque “puede erosionar la confianza ciudadana en una institución cuya naturaleza constitucional exige el más alto estándar de probidad, legalidad y respeto mutuo”.
Desde hace un cuarto de siglo resulta oprobiosa la consistente decadencia moral que viene sufriendo nuestro país, tras la politización de nuestro sistema de justicia, desatada por un sujeto llamado Gustavo Gorriti, financiado por la ONG Open Society de George Soros. El resultado es este menjunje de absoluta inmoralidad, mediocridad, incapacidad, perfidia, delincuencia, corrupción y cuanto vicio pueda imaginarse, con que una cúpula canallesca de jueces y fiscales ideologizados se atreve a juzgar a los treinta y tres millones de peruanos.
Como consecuencia, nuestro país atraviesa por un sistemático proceso de descomposición social e indiferencia ciudadana, vértices del vértigo nacional que, desbocadamente, cada vez más rápido viene conduciéndonos al desastre como país viable.
No es catastrofismo, amable lector; es la irrefrenable indignación con la que muchísimos ciudadanos rechazamos semejante atentado.

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