Poder Judicial, Fiscalía, Inpe y Policía
El Estado peruano tiene que agotar todos los esfuerzos para recapturar al sicario Rubén William Moreno Olivo, conocido como “Goro”, quien resultó liberado por un Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que está cada vez más alejado de la realidad y de la observancia de la ley.
Esa entidad pertenece a los fueros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), a cargo de Vicente Zeballos, quien solo se mantiene en el puesto dada su amistad y apego al presidente de la República, en fin Dios los cría y ellos se juntan. No obstante lo que correspondía ante el escándalo del Inpe, que le abrió las rejas de par en par a un delincuente extremadamente peligroso y miembro de una red mafiosa de Áncash, era la renuncia del mencionado ministro. Lamentablemente eso hoy en el país es como pedir peras al olmo.
El caso es que la Fiscalía había solicitado para el susodicho sicario 35 años de prisión y el caso se encontraba en la etapa de juicio oral, empero ya contaba con una condena de 25 años de pena privativa de la libertad; obviamente además debía una cuantiosa reparación civil a pesar de que nada podría reparar el asesinato del ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco y de uno de los hijos de este ciudadano que se enfrentó a la mafia.
En medio de esta batahola estatal, también resulta cuestionable que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Richard Concepción Carhuancho, le haya dado arresto domiciliario a un reo que ya tenía en otro caso una sentencia de prisión de 25 años.
Sin embargo, en una época donde se aboga por el gobierno electrónico en todas las instancias públicas y cuando debía de haber una coordinación puntual o eficiente entre el Poder Judicial, la Fiscalía, el Inpe y la Policía Nacional, se produzcan estos hechos que infringen la ley y atentan contra la seguridad ciudadana, y en especial la integridad física y moral de la hija de Ezequiel Nolasco, la joven Fiorela, a quien se le debe garantizar las más urgentes medidas de protección policial por ser un blanco potencial.
Finalmente, no basta la remoción de funcionarios en el Inpe sino que tiene que realizarse una investigación profunda y la individualización de responsabilidades en los actos administrativos que dieron lugar a la fuga de un impresentable, pero también se espera sanciones penales inmediatas y efectivas que eviten que estas escenas deplorables se repitan en un Estado que tantas veces aparece como caótico.
@RafaelRomeroVas
