Poder Judicial: ¿La última esperanza?
Salvo que el Congreso elegido en mayo del año pasado corrija su lamentable accionar en contra del sistema democrático y el Estado de Derecho, pasará a la historia como el sepulturero del poder Legislativo. Durante nueve meses continuos este poder del Estado se ha empeñado, muy tenazmente, tanto en negarse a vacar como en no denunciar constitucionalmente a Pedro Castillo Terrones. Esto, no obstante un cúmulo de evidencias de corrupción y malos manejos del Estado que ha atestiguado la opinión pública. Resulta insultante la desfachatez con que, hasta hoy, viene desempeñándose una presunta mayoría opositora que lamentablemente está conformada por tránsfugas parlamentarios. Gente que vilmente ha traicionado a sus electores, postulándose por partidos democráticos, como Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos, pero que al final del día se ha rendido -por dinero o sabe Dios qué otras prebendas- a las fauces del marxismo/senderismo del gobierno que aún preside el citado Castillo.
Ahora surge una luz al final del tunel, gracias a que el poder Judicial declaró fundada la apelación de Jorge Lazarte Molina contra al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lazarte exigió, bajo apercebimiento, denunciar ante la Fiscalía a Pedro Castillo si el referido Tribunal se negase a remitirle la información que requirió a la Secretaría General de palacio, detallando todas las citas pactadas por Castillo (en palacio y/o en el antro Sarratea) con el núcleo duro del centro de corrupción que él ha ensamblado. Lazarte informó al Tribunal la respuesta evasiva que obtuvo de aquella Secretaría, pretextando no haber información alguna en los archivos físicos y digitales de la presidencia de la República. Por suerte, días atrás este Tribunal resolvió a favor suyo, ordenándole a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que remita la información requerida por Lazarte.
Evidentemente no basta la intervención favorable –en este caso encomiable- del poder Judicial, para consolidar una nueva línea de acción dirigida tanto a denunciar, como a procesar judicialmente, al régimen mafioso que está instalado en palacio de gobierno. Para conseguirlo, también es necesario que intervenga la Fiscalía de la Nación; hasta el momento, sospechosamente cómplice del régimen comunista que preside Castillo. Primero, por obra de la impresentable ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien fariseamente abrió una investigación al presidente Castillo; pero horas después avisó que “reservaba” esas pesquisas hasta que él acabe su mandato.
Acaso para facilitarle borrar o desaparecer pruebas, y/o ensamblar una estrategia para salvarse el pellejo. Hace poco enrocaron el cargo de Fiscal de la Nación, alejándose de éste la ex fiscal Ávalos y tomándole la posta Pablo Sánchez, su predecesor. ¡Ojo que, de seis fiscalías supremas que ordena la ley, convenientemente (para el poder de turno) hace años que sólo hay dos! ¡Hasta este momento, ambas dúctiles a palacio! Para desgracia del país su democracia y Estado de Derecho dependen de esa dupla. A menos que ocurra algún milagro y, finalmente, ambos fiscales decidan ejercer sus funciones de acuerdo a derecho. ¡Todavía queda esperanza!
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