Poderes legislativos contra Maduro
El Senado de Chile aprobó recientemente una resolución para que el presidente de la República, Gabriel Boric, formule una solicitud al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para la detención del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro por la comisión del delito de lesa humanidad, uno de los cuatro sobre los que tiene jurisdicción y competencia la CPI, de conformidad con el Estatuto de Roma que es su tratado constitutivo; y ayer, la congresista peruana, Patricia Chirinos, presentó una moción en el Congreso de nuestro país, con el mismo objetivo. ¿Qué valor tienen las referidas acciones emprendidas en los parlamentos de Chile y el Perú?. Pues son de naturaleza esencialmente política y que así sea no significa que no sean relevantes. Los impulsos legislativos se hacen para dejar en manos del poder ejecutivo de ambos países llevar adelante la referida solicitud enmarcada, eso sí jurídicamente, en el marco del artículo 13° del referido Estatuto de Roma, que dice de manera clara e indubitable, que los Estados podrían presentar el referido pedido para que sea valorado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, y este último en caso de hallar elementos de juicio conclusivos para iniciar una investigación, entonces, invocará el artículo 15° del referido tratado que juzga penalmente a personas, disponiéndose, en consecuencia, a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares, la autorización correspondiente para llevar adelante el referido proceso de investigación, que podría derivar, de encontrarse elementos sustantivos o de fondo relevantes, que se proceda a la detención del imputado, en este caso, de Nicolás Maduro. En la práctica será poco probable que el dictador de Venezuela por ahora sea objeto de la referida detención por hallarse bajo protección material de las fuerzas coactivas y coercitivas de Venezuela, por desgracia aún bajo control y dominio de la cúpula militar tan corrupta como el propio Maduro, y que lo sostiene. Las referidas iniciativas legislativas reconocen la prerrogativa del poder ejecutivo que es el titular de la dirección de la política exterior de un Estado, y eso es bueno, porque de lo que se trata es de coadyuvar en una acción coordinada para seguir debilitando a Nicolás Maduro, y con ello, de expresar un espaldarazo hacia la oposición venezolana, encarnada en el discurso que ayer vimos a María Corina Machado en Caracas contra la dictadura que secunda al legítimo presidente elegido, el prestigioso embajador, Edmundo González Urrutia. Cuantas más sean las expresiones políticas desde la comunidad internacional, queda cada vez más claro, el debilitamiento político cada vez mayor de Nicolás Maduro. Esto último es objetivo y tanto como que, a pesar de todo lo avanzado, sigue al frente del país en el que usurpa el poder descaradamente
(*) Excanciller del Perú e Internacionalista
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