Policía política en acción
Seguimientos, escuchas, espionaje, extorsión, acoso, represión a la libertad de expresión y opinión de políticos y partidos, sabotaje a la labor institucional del Congreso de la República, ello a través de agencias y agentes oficiales u oficiosos pagados con dinero público en forma directa o encubierta como avisaje, consultorías, prebendas a familiares. Todo ello en beneficio del gobierno de turno y en perjuicio de la oposición o de quienes no son aliados del régimen.
No estamos hablando de la Stasi de la Alemania comunista ni de la KGB soviética, que, respectivamente, desaparecieron al caer el Muro de Berlín a fines de 1989 y cuando la perestroika terminó con la URSS al cierre del año 1991.
Nos estamos refiriendo al Perú de 2019 que parece retroceder tres décadas, retroceso tanto o más terrible para los peruanos pues nos transporta a la época tenebrosa del terrorismo genocida de Sendero Luminoso y el MRTA, y de la que nos libró la decisión política del gobierno del presidente Fujimori y el heroísmo de civiles, militares y policías.
Dos años de seguimiento y escuchas a personas, sin que sea posible conocer, menos fiscalizar, quién, cómo, cuándo, dónde o por qué, de su realización. Peor aún, grabaciones que circulan impunemente al mejor postor, oportunidad o interés de personas o grupos, incluso probadamente vinculados a gran corrupción.
Cárcel y persecución, disfrazadas de justicia, para líderes de la oposición, sin que hubieran sido parte en actos de gobierno o de administración y sin mediar acusación fiscal ni prueba alguna, mientras que hay libertad, demora, fuga y ventajas para aliados del gobierno, pese a existir pruebas de su inconducta como funcionarios públicos.
La situación descrita en el Perú de hoy, viene acompañada de retraso social y parálisis económica, tanto o más graves que las que padecían los países del polo comunista por su modelo económico pues aquí ocurren luego de las reformas estructurales y estabilidad logradas en los noventas.
El frenesí de esa policía política no ha reparado en dejar como evidencia que los ambientes del Palacio Legislativo están sembrados de dispositivos útiles para grabar subrepticiamente a los congresistas, y luego usar esas grabaciones para montajes publicados en medios de prensa cercanos al gobierno y dirigidos a neutralizar institucionalmente al Congreso, y personalmente a sus integrantes, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, como la de designar los reemplazos a miembros del Tribunal Constitucional que ya cumplieron su período. El gobierno, a través de su ministro de Justicia, y aliados, aplauden sin rubor alguno tal farsa.
