Política antes que justicia

El miércoles el fiscal supremo Rodríguez Monteza solicitó que se declare fundado el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Keiko Fujimori y como era de esperarse, la demolición político-mediática contra el citado fiscal no se hizo esperar.

Por ejemplo, cierto sector político que fue pieza clave en las gestiones de Alejandro Toledo, Susana Villarán (hoy investigados por corrupción) y algunos despistados vizcarristas (otrora ppkausas), han criticado la actuación de Rodríguez Monteza sin importarles si es que los argumentos que esgrime el fiscal son correctos o no. Es claro que no le perdonarán a Rodríguez el no haberse ceñido al libreto aprobado por el poder de facto. El respeto a la ley, el debido proceso o la motivación del alegato presentado no importan en absoluto.

Como jugando en pared, el “diligente” ministro de justicia emite declaraciones cuestionando la actuación del fiscal Rodríguez Monteza, pero no con razonamientos de índole legal sino con argumentos estrictamente políticos, tales como que la opinión pública no confía en el fiscal. ¡Por Dios!

Ante lo hecho por el fiscal Rodríguez, se tenía que reestructurar la estrategia trazada, pues no podían llegar tan debilitados a la audiencia del viernes. Es así como articuladamente se enfilaron las baterías contra uno de los jueces supremos que verían la casación de Keiko Fujimori. El resultado fue el políticamente deseado. El juez supremo Jorge Castañeda solicitó, horas antes de la audiencia de casación, inhibirse de ver el caso.

A falta de quorum en la sala penal suprema, se tuvo que suspender la audiencia. El objetivo buscado se consiguió (ganar tiempo para mantener el statu quo de Keiko Fujimori). Sorpresivamente, la Fiscal de la Nación anunció que conformará un equipo especial para investigar a la supuesta organización criminal “los cuellos blancos” (Léase Rodríguez Monteza y otros).

No me parece mal que se investigue a quienes se deba, pero si critíco que se haga justo y a propósito del incómodo pronunciamiento de Rodríguez Monteza.

Entre que se resuelve la inhibición del juez Castañeda, se designa a su reemplazo y se convoca a nueva fecha de audiencia para ver el caso de Keiko Fujimori, habrá corrido el suficiente tiempo para encontrar la forma de soslayar los argumentos legales del incómodo fiscal Rodríguez, si es que además no logran apartarlo del caso en ese mismo lapso.

Lo cantado es que la audiencia de casación será luego de que se lleve a cabo el pleno jurisdiccional supremo para fijar criterios entorno al uso de la prisión preventiva. Queda claro que lo que se buscará desesperadamente es que en este cónclave de magistrados supremos se ratifiquen las barbaridades procesales ejecutadas por oficiales de la ley que han actuado como políticos buscando eliminar al rival incómodo.

Este es el irregular y politizado escenario “judicial” que debe enfrentar Keiko Fujimori…