Política con chaleco antibalas
En Ecuador la cronología de violencia registra a 17 políticos asesinados en menos de año y medio. Solo en los últimos dos meses murieron 3 alcaldes (incluyendo a la alcaldesa más joven del país con tan solo 26 años). Las víctimas por el ataque de grupos delictivos organizados (GDO) incluye a alcaldes, concejales, líderes políticos y presidenciables (L. Guadamud). Como hemos anotado con anterioridad, la violencia criminal se ha ido superponiendo con una violencia de efectos políticos que continúa retando las medidas del gobierno ecuatoriano de D. Noboa. En México, otro récord se establece alrededor del control del crimen organizado sobre los gobiernos locales que alimenta un violentismo electoral con el resultado de casi 30 asesinados en ruta a las elecciones del 2 de junio. Se estima en alrededor de 200 los candidatos opositores que se retiran de la contienda solo por amenazas personales (CFR).
¿Qué se espera en el caso peruano? Los asesinatos no se han desatado pero pueden agarrar peligrosa tracción; no obstante, el registro oficial (División de Estadísticas de la PNP) indica que entre 2023 y lo que va del 2024 son ya 245 alcaldes, gobernadores regionales y altos funcionarios públicos en estas instancias los amenazados por redes delictivas de extorsionadores.
No son alertas menores en ese sentido que alcaldes electos sobre todo en Lima, estén siendo víctimas de amenazas y agresiones por parte de estructuras criminales. Los casos de los burgomaestres de San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres son críticos y está instalando la penosa idea de que "para hacer política hay que usar chaleco antibalas"; aunque a veces puede no ser suficiente. Estos actos violentos contra representantes electos —y en riesgo potencial contra aspirantes— impactan tanto la seguridad pública como el proceso político. Así, el temor también puede instalarse entre los votantes (en México estudios indican una caída en la participación de 1,3% por cada ataque a un candidato), bloqueando a su vez el surgimiento de nuevos liderazgos políticos. En esa línea actores criminales pueden ser usados para neutralizar candidaturas o campañas vía la sola intimidación, el amedrentamiento sin llegar –de manera calculada– al daño físico irreparable. Las libertades políticas y la sana competencia son socavadas en pro de conexiones también políticas y particulares. Es decir, operando a favor de otros competidores enlazados a las redes delictivas en diversos distritos, provincias y regiones incluso ramificados con la capital.
La degradación progresiva también alcanza a los frágiles sistemas de libertad económica (hay 13 mil extorsionados solo a nivel de bodegueros peruanos. ABP). Se enmarroca el crecimiento de mercados formales y se desata economías paralelas ilegales. Los cupos económicos pasan pronto a expandirse a la par de cupos políticos contagiando los contextos.
Una de las pregunta es qué hacer desde la sociedad civil. Una vía es la política de presión ciudadana que compense el vacío o la contaminación de la política de partidos. En esa línea no debe subestimarse el rol del fuerte reclamo de la población por soluciones que, junto a una prensa advertida, pueden obligar a los tomadores de decisiones y autoridades a perseguir resultados anticriminales efectivos y sostenibles.
