Políticas públicas para incluir

Hoy en día la presencia de los derechos humanos en las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, se evidencia a través de la adopción de diversos enfoques transversales como el de la multiculturalidad e interculturalidad con el propósito de promover un mayor y mejor acercamiento a las diversas culturas así como el diálogo, el respeto y la tolerancia para prevenir y solucionar posibles conflictos.

Sin embargo, desde el surgimiento de la corriente indigenista a la fecha, las brechas que afectan a esta población se han acentuado más por la pobreza y la discriminación que sufren.
En un primer momento, las políticas indigenistas desarrolladas en el liberalismo republicano pretendían una integración de los indígenas en el creciente capitalismo industrial, a partir de su reconocimiento como comunidades encontrando algunos espacios para la construcción de sus identidades, en medio de la presencia de otros grupos étnicos que hicieron más complejo ese proceso de integración frente a un Estado Nación permanentemente en construcción y muchas veces distante de la realidad de estos pueblos.

Desde hace 3 décadas, el modelo político pluralista desarrollado bajo una economía de mercado, se ha ido transformando y configurando un Estado que progresivamente favorezca a estos pueblos, que si bien se ha tornado moderno no ha logrado ser eficiente ni en regulación ni en redistribución de la riqueza, aún contando con políticas públicas orientadas a favorecer el acceso a sus derechos sociales, pero que no se han configurado bajo una perspectiva de autonomía y autodeterminación sino de dependencia, paternalismo y asistencialismo.

En este punto, es necesario que todos los esfuerzos se orienten a conciliar la agenda estatal con las pretensiones propias de autogobierno de estos pueblos.

Virar de un Estado proteccionista a un Estado realmente integrador pasa por entender a cabalidad las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas que nutren el concepto de identidad nacional. Tal como lo expresara el doctor Oscar Murillo Serna en su artículo “Crisis de identidad y gobernabilidad en el Perú”, el problema del lejano reconocimiento de los grupos étnicos como sujetos de derechos es que hemos buscado incorporarlos en un proyecto de integración homogéneo y “civilizado” construido por las élites económicas y políticas, sin entender la pluralidad de identidades ni el proceso cultural que no se reduce a su lengua originaria o a la pertenencia territorial.

Si bien es cierto, para la consolidación del Estado democrático contemporáneo es esencial garantizar un marco jurídico garantista de derechos y contar con mecanismos de participación y medidas que permitan la presencia activa de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión que involucre sus intereses, no menos importante es la promoción de un enfoque diferente de estructuración de las políticas públicas fortaleciendo la autogestión económica y política de estos peruanos que aún buscan ser reconocidos como iguales ante la ley.

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