Politización criminal en gobiernos regionales y municipales
Las intensas pulsiones en torno al juego de poder que ambientará el próximo proceso electoral van más allá de la capital y alcanzan a la competencia por el control de los gobiernos regionales y municipales. La política al interior del país va rearmándose en sus líneas divisorias rumbo a las elecciones subnacionales de 2026. Los analistas políticos tendrán que ajustar sus matrices de evaluación. Un informe (23/9/2024. EC) detecta que casi la mitad, o sea 11 de 26 gobernadores han cambiado de camiseta reubicándose en otras organizaciones. La ola participativa de nuevos contrincantes también hará lo suyo.
Un flanco de males —antiguos— en ejecución y otros riesgos crecientes y potenciales es la penetración de las actividades criminales organizadas en la dinámica política. El fenómeno no es reciente, pero se prevé un mayor influjo en la pauta de poder nacional. Cierto es que al final es el elector el gran responsable de a quienes elige en los cargos públicos con su voto (el Congreso es espejo de ello); sin embargo los grupos políticos tienen un rol colocando filtros estrictos e insuperables que bloqueen a candidatos anexados a toda la gama de economías delictivas. Y aquí, en las "coladeras" partidarias hay una falla enorme. Es imperativo evitar que los canales de representación continúen siendo infiltrados y ello pasa por lograr que el "boom" de partidos políticos ofrezcan un menú electoral libre de venenos y toxinas. Difícil por cierto.
La política descentralizada se
En 2026 veremos el avance de la politización criminal y cuán audaces son los grupos delictivos organizados para capturar o influir en las gestiones subnacionales vía candidatos "coordinados" y financiados (lamentablemente no debe descartarse la posible eliminación de competidores incómodos o denunciantes antagonistas vía el sicariato con fines políticos). Sobre todo en aquellas regiones donde las economías ilícitas prosperan vía el saqueo de los recursos naturales (minería, tala, pesca ilegales…), los negocios criminales (narcotráfico), la invasión de tierras rurales y el control territorial en zonas urbanas.
