¡Por no saber votar!

Las disputas ideológicas/personales dentro del Ministerio Público, que involucran a Patricia Benavides con Delia Espinoza y la Junta Nacional de Justicia, no son simples desacuerdos administrativos. Representan una honda crisis institucional que, entre otros, acarrea serios riesgos para el sistema de justicia y la gobernabilidad democrática del Perú. Empezando por una severa deslegitimación del sistema judicial.
La sociedad percibe que las decisiones de los fiscales responden a intereses personales y/o políticos. De ninguna manera a criterios jurídicos. Y eso dinamita la confianza del pueblo en la Fiscalía, como garante del Estado de derecho. Asimismo, hemos sido testigos de que la Fiscalía politiza —y ‘paraliza’— los grandes affaires de delito. Ejemplo, el affaire Odebrecht. Además, las hostilidades entre fiscales son cosa de todos los días, fulminando cualquier coordinación para resolver los casos a su cargo. Pero el hecho es que, desde los inicios del régimen Toledo, el Ministerio Público quedó secuestrado por la mafia de las ONG que lidera George Soros, a través de su ONG Open Society, cuyo representante en el Perú ha sido —y muy probablemente siga siendo— Gustavo Gorriti Ellenbogen. Un entrometimiento que trae por tierra cualquier expectativa de contar con un sistema de justicia confiable.
Estos enfrentamientos entre fiscales traban la ejecución de las diligencias a cargo de la Fiscalía; aparte, fomentan el acceso de terceros a este trámite fundamental para manipular las cosas; en particular, aquellos casos relacionados a los grupos de poder que solo buscan impunidad y/o amparo político. En consecuencia, la ineficacia del Ministerio Público en su rol persecutor del delito deja a las víctimas sin respaldo ni justicia; y a los delincuentes libres y sin sanción. Esto, a su vez, incrementa la sensación de impunidad y abandono institucional.
Otro grave quebrantamiento de la confianza ciudadana en este sistema de justicia es ese permanente desacato de los fiscales al llamado de atención de la prensa por la infamante calidad del servicio que prestan; práctica que lleva al país a una irremediable crisis política que podría desembocar en una quiebra constitucional. En este orden de ideas, es evidente que cada día el Legislativo se siente más presionado para intervenir, lo que pudiera politizar aún más este conflicto con consecuencias impredecibles.
Mientras tanto, los ciudadanos nos encontramos distraídos por fuegos artificiales como las elecciones generales de abril de 2026 y ajenos a lo que, posiblemente, antes desemboque en un choque de trenes entre los tres poderes del Estado; lo que dejaría a la sociedad expuesta al más absoluto y peligroso caos sociopolítico.
Hoy estamos gobernados por un régimen improvisado que, por más buena intención que tuviera, ha confirmado ser incapaz de gobernar este país con la eficiencia y sabiduría que requiere esta nación tan frustrada. Llevamos catorce años “gobernados” por siete sucesivas gestiones socialistas (Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte), y nos enfrentamos a unas elecciones —con más de cuarenta postulantes presidenciales— de consecuencias impredecibles.
Culpables de semejante monstruosidad son los politicastros peruanos, induciendo al pueblo a votar sin saber por qué ni por quién; un atentado que nos sigue conduciendo al precipicio.

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