¿Por qué la Diviac y las ONG tienen corona?

En un estado democrático como el Perú, la fiscalización y la rendición de cuentas son principios fundamentales que garantizan la transparencia y el uso adecuado no solo de los recursos públicos, sino también de las fuentes de financiamiento de la cooperación internacional. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha levantado una controversia en torno a los privilegios de extraterritorialidad que tienen la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Diviac) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país. Esta situación ha generado inquietudes sobre la falta de control y la posible influencia extranjera en asuntos internos.

La Diviac es una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú que ha sido objeto de críticas por su protagonismo político y presunto privilegio suprainstitucional al servicio de intereses distintos a su misión institucional. Este cuerpo policial ha ejecutado investigaciones de alto perfil, incluyendo el allanamiento de la residencia de la presidente, la destitución de fiscales y la intervención en el Palacio de Gobierno y el Congreso de la República.
Sin embargo, con el argumento de que “los servicios de inteligencia no pueden ni deben ser auditados”, esta unidad se resiste con maniobras mediáticas a las investigaciones de los gastos de los recursos públicos que les han sido proporcionados por el Estado peruano, alimentando sospechas de impunidad y privilegios en un país democrático.

Algo similar sucede con las ONG que reciben financiamiento del extranjero y han sido cuestionadas por la opacidad en la administración de sus recursos y la nula rendición de cuentas. Lo más grave es el activismo político e ideológico al servicio de agendas internacionales e intereses partidarios de la izquierda internacional y la izquierda criolla. La crítica principal radica en que estas organizaciones, rechazan una auditoría que permita conocer el destino de los fondos que reciben y los “beneficiarios” de sus actividades.

Esto es preocupante en un contexto donde la competencia económica con los países vecinos podría ser bloqueada a través de la intervención de ONG con intereses extranjeros, que impidan, por ejemplo, el desarrollo del sector minero peruano, bajo pretextos ambientalistas como “Agua sí minería no”, vulnerando la soberanía de los intereses nacionales.

El debate sobre la inexpugnable rendición de cuentas plantea muchas interrogantes sobre los privilegios de instituciones y organizaciones que están exentas de la transparencia estatal. Ni sujetos como Gustavo Gorriti, el principal impulsor de la judicialización de la política en el Perú, ni Harvey Colchado, un mediocre policía que funge de mandadero de los caviares, deben gozar de un estatus de intocables e indiscutibles.

La idea de que no existen peruanos con corona se sostiene en el principio de igualdad ante la ley, donde todos los ciudadanos e instituciones deben ser sujetos a los mismos niveles de escrutinio y responsabilidad.

La falta de auditoría y control sobre la Diviac y las ONG sugiere una necesidad urgente de reforzar los mecanismos de supervisión en el Perú. Es imperativo que el Estado, a través de sus órganos competentes, establezca procedimientos claros y transparentes para la fiscalización de todas las entidades que manejan recursos públicos o extranjeros. Esto no solo garantizará un uso adecuado de los recursos, sino que también fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuirá a la estabilidad democrática del país.

Es esencial que el Estado peruano implemente medidas efectivas para supervisar a estas entidades, asegurando así que todos los actores que operan en el país lo hagan bajo un marco de legalidad y responsabilidad. La igualdad ante la ley y la fiscalización son pilares fundamentales que deben ser protegidos para el bienestar y la democracia en el Perú.

Al final, solo se trata de saber cuáles son sus objetivos y cómo invierten los recursos económicos. Si no hay corrupción, ¿por qué tanto nerviosismo?

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