Por su origen, la JNJ está condenada a morir

Por sus antecedentes, de cómo nació la hoy Junta Nacional de Justicia, está condenada a tener que desaparecer, por el origen del nombramiento de sus integrantes, cuyo manejo político es evidente y, como veremos más adelante, inclusive contradictorio. Pues, cuando se creó el anterior Consejo Nacional de la Magistratura se hizo con la intención de desvincular la selección y nombramiento de los magistrados (jueces y fiscales) de la injerencia de los órganos políticos estatales y, en su lugar, como era lógico entender, se atribuyó esta importante función a las instituciones que, de alguna forma, representaban a diversos sectores de profesionales y que se relacionaban con la administración de justicia.
En ese sentido, razonablemente, se estableció que los miembros del que fuera el CNM estuvieran conformados por los representantes de los Colegios de Abogados y de los otros Colegios de profesionales, elegidos, en votación popular por sus miembros; igualmente, los electos por los rectores de las universidades públicas y privadas, así como el elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema y el que elija la Junta de Fiscales Supremos. Es decir, como vemos, se desvinculó de cualquier intromisión política la selección de las personas que integrarían este importante organismo constitucional. En todo caso, lo que sí faltó fue que antes de efectivizarse dichas elecciones no se difundieran con mayor amplitud los antecedentes personales de los candidatos que se voceaban en cada uno de estos estamentos.
Actualmente, y a pesar de que se viene tramitando la selección de los nuevos integrantes de la JNJ, por haber llamado la atención hace muchos meses, debo reiterar que no se ha corregido el error de haberse politizado la selección de sus integrantes. Pues, dejando a salvo la honorabilidad de las personas que, como titulares de sus instituciones que dirigen, forman parte de la llamada Comisión Especial, así como la propuesta, en mi opinión innecesaria, de la llamada Escuela Nacional de la Magistratura, promovida por la señora congresista, Dra. Echaíz, de cuya buena intención no tengo la menor duda, debo manifestar que, en dicha Comisión seleccionadora, una parte de sus integrantes no se pueden apartar de su origen político y, lo peor, resulta inexplicable y contradictorio que las autoridades que están sujetas a la fiscalización de la JNJ son las que seleccionan a sus fiscalizadores, como es el caso del presidente de la Corte Suprema y del Fiscal de la Nación.
En consecuencia, si queremos que la administración de justicia en el Perú se despolitice y, además, funcione con independencia y autonomía, se tiene que modificar la norma constitucional a fin de que, además de retornar a su denominación anterior (Consejo Nacional de la Magistratura), nuevamente, intervengan las instituciones vinculadas a la ciudadanía y al sector de los profesionales. Pues, la hoy llamada meritocracia, que con tanto énfasis se promueve, no es una garantía de una conducta ética y moral de los magistrados, ya que los identificados como corruptos, qué duda cabe, son los más idóneos e inteligentes (pero, para lo malo).
Por lo tanto, no hay que seguir haciendo más experimentos con la administración de justicia, donde el problema no está necesariamente en la estructura de los organismos constitucionales, sino en las personas que los integran. Problema que, por cierto, es la misma realidad que sucede con muchos otros órganos estatales y que se pretenden mejorar equivocadamente, cambiando su organización estructural, como viene sucediendo con el Jurado Nacional de Elecciones, sobre el cual me ocuparé en otra oportunidad.

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