PPK-Vizcarra impiden retorno de Toledo
Ayer titulamos esta columna: “Perú: La Catedral de la Corrupción”, argumentando que por donde se le observe el Perú “transpira un terrible hedor a podredumbre. El destape del affaire Lava Jato –posiblemente el escándalo de corrupción general más siniestro, vasto, profundo y peligroso de Latinoamérica– si bien ha estado operando en la gran mayoría de países de la región, es evidente que en ningún caso sus raíces han calado tan profundamente –en todas las escalas de la sociedad– como ha ocurrido acá. Tres presidentes –Toledo, Humala y Kuczynski, hasta ahora– involucrados. (…) Aparte presidentes de gabinete, ministros, congresistas, directores y hasta amanuenses que han sido imputados por inmiscuirse en el caso Lava Jato. Incluso ahora la sospecha alcanza a jueces y fiscales. Por cierto, implica al más alto nivel de empresarios. Y, por qué no decirlo, tanto a los ilusamente llamados ‘grandes medios de comunicación’ como a sus figuras fariseas, ajenas al auténtico periodismo, calificadas bajo el título de opinólogos desde que se instalara en Palacio un felón delincuente apellidado Toledo.”
En este orden de cosas resulta criminal el desinterés del régimen Kuczynski-Vizcarra por repatriar a Alejandro Toledo. Claramente intentan esquivar que Toledo enfrente a la Justicia por actos de corrupción que le habrían permitido llevarse US$ 30 millones, a través de prebendas recibidas de Odebrecht y otras empresas brasileñas, a cambio de consentirles sobrevaluar proyectos faraónicos para nuestra realidad.
Evidentemente, para nadie es un secreto que Toledo fugó del Perú gracias a un soplo de la Fiscalía. En segundo lugar, el entonces presidente Kuczynski exigió púbicamente a los Estados Unidos que “entregue” a Toledo, habiendo además conversado personalmente sobre esta cuestión con el presidente Donald Trump durante la forzada visita que realizara PPK al citado mandatario. Este hecho, según criterios de la Justicia norteamericana, invalidaría la repatriación del delincuente Toledo. Porque aquello da a entender que no existen condiciones para un proceso adecuado, visto que el gobierno peruano –por boca del jefe de Estado– ha adelantado parcialidad contra el aún imputado Toledo.
¿Casualidad? ¡No, por favor! Pero todavía hay más. Toledo fugó del Perú el 14 de enero de 2017. El gobierno, presidido entonces por Pedro Pablo Kuczynski, no movió un dedo para evitar esa huida. Y para mostrar que la complicidad de aquello se extiende al régimen actual –en rigor, una prolongación del anterior– la gestión Vizcarra tampoco ha realizado trámite alguno para traer al corrompido exmandatario fugado el país. Es más. Desde hace dos años el Perú ni siquiera designa abogados para defender la posición del Estado peruano frente a las autoridades norteamericanas, alrededor del complejísimo y burocrático trámite que acarrea un proceso de extradición como éste, más aún tomando en cuenta que Toledo tiene residencia como profesor de Stamford en Estados Unidos.
La dupla PPK-Vizcarra ha decidido impedir que regrese Toledo. Conoce muchísimo sobre demasiadas cosas. Desde los avatares de PPK como su primer ministro; los entretelones de su ahora vicepresidente Vizcarra; la tramposa “entrega en propiedad” de Canal 4 al vocero oficioso de PPK y Vizcarra llamado El Comercio, etc.
