Presidente pierde respaldo político
Estamos viviendo una crisis política con repercusión en la economía y lo social. Parte de los congresistas optan por vacar al Presidente Pedro Castillo; es su tercer intento. Para hacerlo requieren 87 votos de congresistas (2/3 del número hábil). Pareciera que no persistirán en la suspensión. En respuesta el Presidente busca disolver el Congreso.
Esas pugnas entre políticos de ambos Poderes del Estado evidencian sus temores. ¿Cómo analizarlo? Pedro Castillo expresa que su mandato concluye el 2026 y los “designados” ministros, funcionarios y “allegados” temen perder “su puesto” y “beneficios”. A su vez, si disuelven el Congreso y se convoca a nuevas elecciones, congresistas perderán sus beneficios remuneratorios (total mensual S/ 26,017.00) y no volverían a postular seguidamente. En el fondo, ¿es este su miedo? No obstante, durante el distanciamiento de congresistas respecto al Presidente Castillo se ha producido una “recomposición” de las bancadas de congresistas; de las 10 del resultado electoral, 37 congresistas renunciaron y ahora hay 14 bancadas. Algunas muestran disconformidad con el Ejecutivo.
Tratándose de la vacancia presidencial, los que están a favor son: Fuerza Popular, Acción Popular, APP, Renovación Popular, Avanza País, Integridad y Desarrollo, Somos Perú, Podemos Perú y no agrupados; suman 84 votos. Los 44 de “izquierda” están contra vacar al Presidente. Son: Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario, y Cambio Democrático más 3 congresistas. Conclusión: antes de Navidad –o quizá el nuevo año– haya un substituto del Presidente Castillo o convocatoria a nuevas elecciones para el Congreso.
Con dichas confrontaciones, el Poder Ejecutivo como el Legislativo derrumban su respaldo ciudadano. La mayoría desea que haya nuevas elecciones generales para terminar la incertidumbre nacional.
Siguen insolutos los problemas nacionales. Persiste la ineficiencia de los servicios de salud, educación, trabajo, transportes, agricultura, seguridad ciudadana, administración de justicia, elevación de precios de alimentos, combustible, servicios públicos, etc. El Ejecutivo debe exigir a sus ministros, funcionarios y administrativos que cumplan sus obligaciones; el Legislativo debe controlar que las entidades públicas cumplan oportunamente sus funciones y expedir normas para sancionar a los servidores públicos responsables de la ineficiencia e incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales sin perjuicio de emitir nuevas normas que sean imprescindibles. La corrupción no se combate con “informaciones periodísticas” sino evitando las dilaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial.
No escudarse en la confrontación entre vacancia y disolución para no cumplir sus deberes y obligaciones.
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