Primera prioridad: construir cárceles

Nuestro sistema carcelario ha colapsado. No solo por estar largamente excedido su aforo desde hace años sino porque, hoy, nuestras prisiones están largamente sobrepobladas respecto a aforo oficial; al margen de encontrarse, pletóricas de carencias estructurales debido a la antigüedad e ineficacia de su diseño y concepción. Actualmente nuestros penales albergan, en su conjunto, alrededor de cien mil presos, a pesar de que su máxima capacidad oficialmente determina que no debieran pasar de 40,000 arrestados. Figura sumamente compleja, aún en las condiciones óptimas de seguridad en las cuales debiera encontrarse el país, en lo que respecta a los niveles aceptables de inseguridad para una nación de sus dimensiones/características, acatando los indicadores internacionales de inseguridad ciudadana. Durante la década del ochenta del siglo pasado, Perú emprendió un agresivo programa de construcción carcelario a cargo de la constructora española Gurtel, contratada por el Ministerio de Justicia a cargo de Enrique Elías Laroza. Posteriormente, se produciría el cierre del que fuera único penal de máxima seguridad -”El Sepa”- ubicado en el distrito de Sepahua, departamento de Ucayali. Años después, pasó lo mismo con otro penal de alta seguridad, El Frontón. Con lo cual los criminales de altísimo riesgo -incluyendo a los terroristas- pasaron a convivir con los de baja y media contingencia. Hoy Perú afronta una gravísima amenaza para su seguridad interior debido al delictivo abandono de su sistema carcelario; agravado por el descontrolado florecimiento de una extremada criminalidad, desatada en todo rincón del país, así como entre sus diferentes estratos sociales.

La combinación de esta coyuntura es letal. Los presos bordean el 200 por ciento de la máxima capacidad carcelaria. Además, buena parte de nuestros penales ya son obsoletos, cuando no inseguros; y no contamos con cárceles de alta seguridad para delincuentes de extremo peligro. Una primera medida debería ser actualizar El Frontón para que albergue a los terroristas y a los criminales de máxima ferocidad, y embarcar al Estado en un agresivo programa de construcción carcelaria que, juntamente con la remodelación de vetustos penales como el de Ica y muchos más, puedan recibir a presos de alta peligrosidad y, por último, construir cárceles para delincuentes de menor ferocidad. La presidenta Boluarte debería consultar con especialistas -pero de ninguna manera caviares- para establecer un equipo de emergencia encargado de reconstruir nuestro sistema de cárceles. La inmediatez es indispensable. En Ecuador, donde la situación es similar en gravedad a la nuestra, el presidente Daniel Noboa confirmó que la semana entrante se colocará la primera piedra para la construcción de “cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma constructora, bajo el mismo diseño, que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador”. ¡Imítelo, presidenta Boluarte! ¡Pero hágalo inmediatamente! ¡Recuerde que lo perfecto es enemigo de lo bueno! ¡El país no quiere -menos aun soportará- continuar en el caos en que está! ¡Mucho menos en el que estará dentro de pocos meses si usted, presidenta Boluarte, no actúa ahora mismo!

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