Principio de autoridad

Los seres humanos somos dependientes e interdependientes por razones de la naturaleza, nacemos, vivimos y morimos. Dentro de ese intervalo de la existencia está la autoridad que protege los derechos, deberes y obligaciones de las personas con la finalidad de vivir en sociedad; caso contrario, la vida sería un caos, se volvería una anarquía. Es por eso que la autoridad, desde que nacemos, son los padres quienes nos guían, canalizan nuestras vidas y nos ayudan a desarrollarnos para alcanzar nuestros objetivos hasta que seamos jóvenes adultos independientes; empero, siempre existirá la autoridad que nos haga respetar.
Igual sucede en la escuela: existe el maestro guía que nos instruye para ser personas de bien. Como se da en el claustro universitario, está el decano, el rector, que imparte reglas para el bienestar de los alumnos, determinando sus competencias. Sucede igual en el trabajo: existen jerarquías de acuerdo con la estructura de la empresa, representada por la autoridad, en que deben cumplirse los derechos laborales de los operarios, empleados, jefes de área, gerente general, presidente del directorio; y si las personas son independientes, siempre hay reglas impuestas por el Estado y particulares. En caso de no cumplirse, los actos se convierten en nulos hasta que se cumplan. Como por ejemplo, una minuta de compraventa debe estar autorizada por un letrado; contrario sensu, no se puede elevar a escritura pública.
Los poderes del Estado son autónomos e independientes; cumplen su rol fundamental, como proteger y respetar la integridad de un país y del ciudadano, a través de sus ministerios. Como es el Ejecutivo; la función del Legislativo es proveer leyes y fiscalizar los organismos del Estado; y el Poder Judicial, administrar justicia según las competencias y materias que reciben, dándole la razón a quienes la tienen.
El Ministerio Público ha roto el principio de autoridad, violando los fines por los que fue creado: defender el principio de legalidad, defender los derechos de la persona, iniciar la acción pública. Al incumplir la señora Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en hacerle entrega del cargo a la actual Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, porque así lo ha dispuesto la Junta Nacional de Justicia al decidir reponerla, violando los principios y competencia de la junta, esa actitud constituye un delito de violencia y resistencia a la autoridad, omisión de funciones, haciendo extensiva la responsabilidad a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, que han hecho caso omiso a la decisión de la junta con el agravante de desconocer el derecho, deberes y obligaciones.
Frente a un caso de esta naturaleza, a la Junta Nacional de Justicia le corresponde apertura de procedimientos disciplinarios, suspenderlos en el cargo y, a las resultas del procedimiento sancionador, imponer la medida de destitución y requerir a la doctora Delia Espinoza para que, en el plazo de veinticuatro horas, cumpla con entregar el cargo a la doctora Liz Patricia Benavides, bajo apercibimiento de intervenir con la fuerza pública y desalojarla, y que tome posesión del cargo la doctora Benavides con conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos, con facultad de descerraje. Porque muchas veces la autoridad policial interviene, pero como no le han ordenado el descerraje, no lo hacen. La resolución hay que proveerla en ese sentido para que no existan omisiones de ninguna naturaleza y la orden de la junta se cumpla a cabalidad, respetando el principio de autoridad, el Estado de derecho; caso contrario, sería un mal precedente para el país y el mundo entero, y esto no puede suceder por la salud del país y la democracia.
Los seres humanos entienden por la razón, sino por la fuerza, como en el caso que nos ocupa: los fiscales no quieren sujetarse a las normas, reglas, mandatos que ordena la ley; no reconocen la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, pero en el fondo desean perpetuarse en el cargo, sienten miedo, se sienten abandonados, el poder se les acaba y no son nadie.

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