Prioridades
En un país que bordea el 30% de pobreza y, en medio de una recesión, no tiene sentido pensar en la organización de unos Juegos Panamericanos, tal como ha anunciado la presidenta Dina Boluarte, quien dijo que Lima postulará para ser sede nuevamente de dicho evento deportivo internacional en el año 2027.
En la edición del 2019, llevada a cabo en la capital, los peruanos gastamos 1,000 millones de dólares y, para el 2027, de acuerdo a lo declarado por Carlos Neuhaus a Willax, el montó sería la mitad, dado que ya contamos con varias infraestructuras, muchas de las cuales se han convertido en elefantes blancos.
Los departamentos de la Villa Panamericana, por ejemplo, han resultado invendibles.
En la pandemia de la covid-19, los condominios pudieron ser usados, felizmente, como centros de aislamiento, pero, una vez que se fue la peste, nos quedamos con un montón de cemento que nadie quiere comprar.
Es absurdo dispendiar 500 millones de dólares en la realización de un torneo deportivo, cuando no toda la capital cuenta con redes de agua y desagüe. Hay prioridades.
Dicho monto podría ser bien utilizado en resolver el problema de la anemia, que afecta a más del 40% de niños en el país. En Puno la situación es gravísima: de 10 infantes, 7 tienen anemia.
Plantear, entonces, la realización de unos Juegos Panamericanos en este contexto es ser necio y egoísta.
Un tema a atender con urgencia es resolver el contrato oneroso que firmó la excaldesa de Lima Susana Villarán con la corrupta constructora Odebrecht, entregándole los peajes de la capital, a cambio de menos 3 millones de dólares en coimas, que fueron destinados a sus campañas contra la revocatoria y reelección.
El concesionario Rutas de Lima, que ahora lidera el fondo Brookfield, luego de comprarle el 57% su participación a la compañía carioca, cuando ya había estallado el escándalo de megacorrupción en Brasil, ha anunciado que desde el 30 de enero aumentará a S/7,50 el precio en sus casetas, perjudicando, principalmente, a los ciudadanos de Lima Norte, que se ven obligados a pagar esta suma para dirigirse al Centro de Lima.
Es cierto que es inviable quebrar un contrato de manera unilateral, pues podría significar que tengamos que pagarle una enorme indemnización a la concesionaria de marras, pero ¿acaso es justo afectar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos por respetar un acuerdo que nació corrupto?
Por lo pronto, el Tribunal Constitucional debería fallar a favor de los vecinos de Puente Piedra en la demanda de habeas corpus que presentaron contra de Rutas de Lima. En el más corto plazo, además, el Poder Judicial debe condenar a Villarán por este caso de corrupción: ella misma ha admitido, en una entrevista en vivo, que recibió sobornos de Odebrecht.
Con este par de insumos podríamos tener mejor opción de ganarle a la concesionaria en un inexorable arbitraje internacional.
En tanto, el Gobierno, en vez de plantear un “peaje social”, tiene que construir una ruta alterna -mal llamada vía de fuga en el lesivo contrato- al peaje de Puente Piedra.
No podemos hablar de ninguna afectación a la estabilidad jurídica y a la predictibilidad si es que los limeños conseguimos deshacernos de la garrapata de la corrupción que nos asalta de sol en sol cada año.
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