Prisión para propietario de jauría de animales

Un juzgado de lo Penal de Granada ha condenado a 16 meses de prisión al propietario de una rehala de perros —jauría de canes de caza mayor— que vivían en condiciones “dantescas”, según los agentes de la Guardia Civil que revisaron las jaulas donde vivían los animales. El juez ha condenado también a ocho meses de cárcel a un amigo del dueño que hacía las veces de cuidador de los canes. La rehala la conformaban originalmente 21 perros de caza —podencos, mastines y otras razas— que estaban en unas instalaciones en un paraje conocido como El Coto en Güejar Sierra (Granada). Cuando fueron a rescatar a los perros de estas dos personas solo quedaban ocho, cuenta Javier Luna, de la Asociación Galgos del Sur, que se ha personado como acusación particular en el caso y que se llevó los animales a su refugio.

La sentencia tiene fecha de octubre de este año, pero los hechos se remontan al mismo mes de 2020. Entonces, la Guardia Civil intervino en una cacería ilegal donde identificó a los dos ahora condenados, que estaban con sus perros y otros nueve cazadores. Los agentes percibieron que “los animales estaban en estado dantesco, metidos en menos de 1.5 metros cuadrados, con heces y diarreas”.

En las perreras se encontraron que “los animales estaban entre sus excrementos”, que “no tenían apenas luz”, y que, evidentemente, todo ello era “consecuencia de una dejadez de muchos días” y no de algo coyuntural. La revisión profesional de la veterinaria trajo consigo la necesidad de sacrificar a cinco de los 21 perros por los tumores y otras enfermedades que padecían.

El juez, antes de dictar su sentencia, destaca con negrita en su escrito el estado de los perros a partir de lo que ha escuchado de los diversos testigos: “dejadez de los canes” y “maltrato y crueldad animal consecuencia directa de la actitud de los acusados”. También considera que “no se cumplen las necesarias condiciones mínimas de alimentación, salubridad e higiene para el normal desarrollo evolutivo de los canes”. En la actualidad, los ocho animales están en Villafranca de Córdoba, sede de la Asociación Galgos del Sur, perfectamente cuidados y rehabilitados. Algunos de ellos ya han sido dados en adopción.

Finalmente, el tribunal considera que la actuación del propietario y del supuesto cuidador puede considerarse un delito de maltrato animal continuado y los condena a los 16 y 8 meses de prisión en una condena que aún no es firme porque puede ser apelada. Además, ninguno de los dos podrá tener animales ni dedicarse profesionalmente a nada relacionado con ellos en los próximos años, tres y medio el propietario y dos el presunto cuidador.

Fuente: EL PAÍS

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