Prisión preventiva: entre el abuso y la impunidad
La prisión preventiva debería ser un mecanismo excepcional, pero en el Perú se ha convertido en un terreno de arbitrariedad y desigualdad. Mientras algunos políticos son encarcelados sin pruebas contundentes, otros, con culpas evidentes y peligros reales de fuga, son liberados con argumentos procesales que rozan la complacencia.
El caso de Betssy Chávez es emblemático. No se trata de simples sospechas: su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo está plenamente acreditada. Sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió liberarla, ignorando el riesgo evidente de fuga o de asilo en embajadas de gobiernos marxistas que ya han demostrado su disposición a blindar a personajes que violentaron la democracia peruana.
Otro caso es el de Martín Vizcarra, acusado de millonarias coimas de constructoras y con una habilidad comprobada para manipular instituciones. Pese a que cumple todos los requisitos de peligro procesal —poder económico, redes políticas y contactos internacionales—, también fue liberado, enviando el mensaje de que la justicia se inclina frente a quienes todavía tienen influencia.
La contradicción es más clara si recordamos otros procesos. Keiko Fujimori pasó más de un año en prisión preventiva en un caso donde las pruebas eran discutibles, y su riesgo de fuga era objetivamente menor. Alejandro Toledo, hoy extraditado desde Estados Unidos, resistió años amparado en una justicia extranjera mientras aquí nunca se aplicó una medida preventiva oportuna. Y en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, mientras el expresidente afronta su proceso en el país, su esposa buscó refugio político en Brasil, demostrando que el riesgo de fuga y de asilo en regímenes ideológicamente afines no es una hipótesis, sino un hecho consumado.
La prisión preventiva no puede ser un castigo anticipado, pero tampoco puede convertirse en una concesión que abra las puertas a la impunidad. Chávez y Vizcarra representan perfiles de alto riesgo: culpabilidad evidente, capacidad de obstruir procesos y, sobre todo, una posibilidad real de escapar hacia la protección de embajadas ideológicamente afines.
Cuando la justicia es severa con unos y laxa con otros, el resultado es devastador: se debilita la confianza ciudadana y se refuerza la idea de que el poder político y económico compra impunidad. El Perú necesita recuperar la seriedad de la prisión preventiva, aplicándola con rigor y coherencia frente a los culpables de mayor impacto social.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
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