Pro Dina y anti Dina

La oposición al gobierno del delincuente recluido en la Diroes, se ha dividido ahora entre los que quieren destituir a Dina Boluarte y convocar elecciones anticipadas de inmediato y los que apuestan por mantenerla hasta que culmine el mandato el 2026.

Todas las bancadas presentes en el Congreso están en este último grupo, incluyendo a los que presentaron una moción de vacancia para defenestrarla y los que siguen repitiendo el eslogan de adelanto de elecciones. El motivo obvio, quieren seguir disfrutando de los beneficios de la función congresal.

Pero la razón más importante que esgrimen los defensores de la permanencia -que son muchos más que los parlamentarios que defienden sus intereses inmediatos-, es que realizar comicios en las actuales circunstancias, con autoridades electorales poco dignas de confianza, en un ambiente enrarecido por los recientes disturbios, y con los grupos democráticos divididos, podría llevar a la repetición de lo que ocurrió el 2021.

Para reforzar su punto de vista, sostienen que son los partidarios del corrupto gobierno anterior y sus socios caviares, los que están azuzando la campaña contra Dina. En consecuencia, arguyen, esa es una poderosa razón para darles la contra. Es decir, si ellos pretenden derrocarla, se debe presumir que eso los favorecería y, por tanto, hay que respaldar al gobierno.

Hay que admitir que algunos motivos que aducen los defensores de Boluarte son ciertos. Elecciones inmediatas provocarían un aumento de las tensiones y los enfrentamientos, afectarían aún más la ya renqueante situación económica y elevarían la incertidumbre. Y el resultado podría ser desastroso.

No obstante, varios de los antiguos críticos de la dupla Castillo-Boluarte están llevando la defensa de Dina a extremos insospechados, negando o tratando de difuminar las evidencias en su contra. A estas alturas caben pocas dudas de la relaciones impropias que ella mantuvo tanto con Vladimir Cerrón como con Henry Shimabukuro, hechos que hasta hace poco tiempo los mismos que hoy la defienden exhibían como motivos indiscutibles para acusarla y destituirla. Además, por supuesto, de la innegable ilegalidad de origen, su pertenencia a un organismo electoral cuando era candidata.

Los partidarios de la expulsión de Boluarte, que incluye a antiguos defensores y opositores del anterior gobierno, sostienen que, además de las ilegalidades que se le atribuyen, su gobierno debe terminar ya por motivos contradictorios: unos dicen que por ser continuación del anterior y otros por haberlo traicionado.

Sin embargo, al margen de estas posiciones en disputa, la realidad es que el gobierno actual tiene pocas posibilidades de llegar al 2026. No es imposible, pero su evidente fragilidad -no tiene partido, ni bancada congresal, ni respaldo propio y es muy impopular- puede llevarlo al descalabro en cualquier momento. Su permanencia depende en buena medida de su gestión, y esta es muy pobre hasta ahora y no hay signos que vaya a mejorar.

En síntesis, se requieren soluciones imaginativas y distintas a las usuales para superar este dilema.

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