Proceso de retroalimentación del Estado Peruano

El arresto de un grupo de altos oficiales de la policía los últimos días, tras ser acusados de haber pagado por sus ascensos, sumado al sin fin de declaraciones de diversos colaboradores eficaces en las investigaciones que se le siguen a Pedro Castillo, entre las cuales se encuentran pagos de ministros de Estado para mantenerse en sus puestos, muestra una terrible debilidad de nuestro sistema democrático, pues las instituciones públicas pueden ser fácilmente instrumentalizadas para fines particulares. Sin embargo, a la vez, el Ministerio Público parece estar reaccionando institucionalmente al problema en busca de corregirlo.

Si se analiza la coyuntura, se podría considerar que la democracia pasa por una de sus habituales etapas de retroalimentación y aprendizaje institucional. ¿Ha terminado? ¿El aprendizaje termina?

Un tiempo de estabilidad democrática es lo que tenemos, un reacomodo de piezas sistémicas que buscan hacer que la máquina funcione bien.

Que Castillo cayera también pudo tener que ver con eso, pues fueron las instituciones del Estado las que se enfrentaron al poder de turno a fin de salvaguardar el estado de derecho.
Es probable que del fenómeno que vivimos consigamos una institucionalidad fortalecida, con mejores protocolos y capacidad de respuesta ante crisis. Circunstancias como las de Castillo, en la que todo puesto en el Estado tenía precio, son inviables, porque ponen en riesgo la seguridad nacional al atentar contra las instituciones del Estado.

Por ejemplo, si asumimos que quienes hoy dirigen diversas instituciones públicas han pagado por el puesto en el que están, y si consideramos que a todos se les ha cobrado varias veces lo que ganarán mensualmente, podríamos llegar a la conclusión de que estos funcionarios corruptos buscarían la manera de “recuperar lo invertido”, por lo tanto, generarían mecanismos que se lo facilitaran. Y, pónganse a pensar, ¿no es cierto que desde principios de 2022 se vieron más tramitadores que nunca que “facilitaban” trámites que podrían tomar meses y que antes duraban a más tardar unas semanas?

Es cierto que no solo durante el gobierno de Castillo el Estado ha sido instrumentalizado para beneficio particular: son múltiples las voces que se quejan del “tarjetazo inmerecido” en el sector público.

El hecho es que estas circunstancias debilitan al sistema democrático, pues generan brechas entre el servicio público y la ciudadanía, que termina interpretando estas fallas sistémicas como vulneración a sus derechos, circunstancia que facilita la penetración de discursos vacíos pero altamente funcionales, como el discurso de polarización que empleó Castillo y que también emplean algunos dirigentes para ubicarse en posiciones antagónicas frente al Estado como un “enemigo común”.

Estos discursos ya han sido archiestudiados, y es probable que la institucionalidad democrática cuente con los mecanismos para debilitar e integrar esas narrativas, antes de que sean capaces de destruirla. Entre las tantas cosas posibles a mediano plazo, están el fortalecimiento de los sistemas de control público, lo que implicaría un fortalecimiento de la Contraloría y de la Fiscalía; que se equilibren los poderes del Estado, para que uno no se sobreponga y coacte o corrompa al otro; y la búsqueda de un sistema electoral más representativo, que permita un mayor entendimiento de la política en la ciudadanía.

A pesar de que la coyuntura política dificulta esta perspectiva, principalmente por la falta de líderes políticos con distintas visiones, hay que recordar que los Estados, sus instituciones y su geopolítica se mantienen en el tiempo, los gobiernos solo pasan por ahí.